Empecemos por enfocar la discusión donde realmente debería estar y no en este cruce de medias verdades que confunde interesadamente. Lo primero es definir cuál es el rol del Estado en el tema. A mi juicio es evitar que existan personas que al cumplir con la edad de jubilación caigan en pobreza porque no tienen cómo sustituir los ingresos que recibían por su trabajo. Este es el mandato, el objetivo a cumplir por el Estado. Para hacerlo, el Estado debe buscar la mejor manera de hacerlo.
El segundo elemento es que se tiene que legislar estando conscientes de la realidad. Dado que nuestra fuerza laboral incluye una gran proporción de personas que no son siempre trabajadores dependientes, sino más bien autoempleados, con mayor o menor grado de informalidad, entonces optar por mecanismos que solo dependan de sistemas basados en suponer que los trabajadores tienen una relación de dependencia formal con alguna empresa no basta para alcanzar el objetivo. Este camino lo hemos intentado por más de 100 años con el mismo resultado: baja cobertura.
Por ello, lo más efectivo es combinar una limitada garantía estatal de pensión con esfuerzos individuales para tener pensiones mayores que dicho monto para aquellos que sí lo pueden hacer. Esa garantía estatal puede tener dos pisos. Un primer piso, que debería ser la pensión no contributiva, y un segundo piso, que es la pensión mínima que se les ofrece para aquellos que hagan algún esfuerzo mínimo de contribuir para su propia pensión. Si en el diseño del sistema de pensiones estas dos garantías estatales están muy juntas, se incentivará no contribuir, incluso de aquellos con capacidad de hacerlo.
A mi juicio, la pensión no contributiva debería verse como una forma de atender el stock de personas que ya no están en capacidad de constituir un fondo suficiente porque ya son mayores y no han tenido contribuciones significativas. Hoy, de cada 10 pensionistas, cinco lo son del sistema público contributivo, cuatro reciben Pensión 65 y solo uno es del sistema privado.
El Estado debería restringir su contribución para complementar la pensión a quienes estando en este segundo tramo no alcanzan tener un nivel de pensión mínima. Luego, debería venir un esquema de aportación individual que cubra a todos los trabajadores sin distinción del tipo de contrato que tengan. Así, todos los ciudadanos tendrían acceso a pensión al menor costo posible para el Estado.
Como toda reforma parte de un esquema que opera a medias, se necesitan normas transitorias. Una de esas es establecer una fecha de corte para el inicio de estas obligaciones a contribuir. La forma más simple es plantear que todos los nuevos trabajadores (dependientes e independientes) entren y dejar que los actuales trabajadores que ya están en alguna opción tengan espacio para escoger si optan voluntariamente a contribuir. Finalmente, optaría por simplificar el confuso esquema de comisiones mixtas y optaría por un único esquema de pago cuidando que la comisión anual equivalente sea cada vez menor.
Este esquema pone una fecha de desaparición a la actual ONP. Se necesita que todos tengan cuentas individuales que busquen capitalizar su ahorro y reducirle al Estado el costo de garantizar pensiones para todos, porque ese es su verdadero compromiso.
