Domingo García Belaunde
Perú21, 12 de agosto del 2025
“Esta sentencia, que en su parte “resolutiva” es muy precisa, tiene una parte “considerativa” extensa que es crítica contra la “extinción de dominio” en donde ha habido excesos clamorosos y que descalifica a jueces y fiscales”.
En días pasados se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la demanda planteada por la Defensoría del Pueblo sobre la llamada eufemísticamente “extinción de dominio” (en realidad un robo encubierto con mantos legales y elogiada por un coro de jueces y fiscales nada garantistas).
Esta norma que es de 2018, está tomada de legislaciones extranjeras, como la colombiana, con la salvedad de que allá hay un marco constitucional que aquí no existe. Simplemente, se trataba de un proceso acotado, prácticamente a espaldas del interesado y que no respetaba ni la buena fe ni la publicidad registral y en el cual se acogotaba al investigado quien debía probar su inocencia (algo generalizado en el Ministerio Público, como lo sostuvo públicamente la fiscal Marita Barreto). No solo eso, es un proceso autónomo en el cual se actúa sin sentencia y contra el cual prácticamente no hay recurso alguno. Peor aún, si en el juicio principal se absolvía al imputado, no se le devolvían sus bienes, pues eso no correspondía a los jueces. Así de simple.
Pero este no es un problema únicamente de fiscales, sino también de jueces, como lo acredita un reciente pleno nacional de Cortes Superiores (27 de junio de 2025) que respaldó estas políticas, sin tener la prudencia de esperar que resolviese el Tribunal Constitucional. Lo cual demuestra no solo el declive en que se encuentra nuestro sistema de justicia —con las excepciones que nunca faltan— sino que son antigarantistas, sin nociones constitucionales básicas y preocupados solo de cobrar para el fisco, como lo ha señalado la sentencia.
Esta sentencia, que en su parte “resolutiva” es muy precisa, tiene una parte “considerativa” extensa que es crítica contra la “extinción de dominio” en donde ha habido excesos clamorosos y que descalifica a jueces y fiscales por esa conducta errática en la cual han caído. La sentencia reitera que son ellos, precisamente, los que fomentan la “cultura de la sospecha”, antidemocrática y propia de regímenes autoritarios.
