Por: Diego Macera
El Comercio, 25 de marzo de 2021
Es común leer que en las próximas elecciones nos jugamos totalmente el destino del país. Sin duda eso tiene algo de cierto. Una propuesta política seria podría reencaminarnos hacia el círculo virtuoso de inversión, crecimiento y reducción de la pobreza de años pasados, mientras que una irresponsable podría devolvernos aún más atrás, a épocas de inflación, escasez y necesidad.
Pero el Perú no está eligiendo a un rey ni a sus cortesanos. A pesar de la importancia de sus decisiones y de lo absorbente de la campaña electoral, el poder que se le otorga al presidente y a los congresistas es –felizmente– limitado y temporal. A riesgo de caer en regímenes autocráticos, cualquier Estado moderno pone cortapisas a lo que pueden y no pueden hacer quienes resultan ganadores de cada elección.
Por eso no deja de llamar la atención algunos intentos y promesas de ciertos aspirantes a un cargo público para ir más allá de lo que les corresponde. Un ejemplo claro son las propuestas respecto de la labor del Banco Central de Reserva (BCRP). Como se sabe, esta es una institución constitucionalmente autónoma y que ha obtenido excelentes resultados en su tarea principal: controlar la inflación. No obstante, desde distintas tiendas políticas se pretende cambiar o direccionar la labor del banco al mismo tiempo en que, curiosamente, dicen defender su independencia. Así, mientras algunos partidos quieren agregarle responsabilidades adicionales al BCRP, otros son lo suficientemente avezados como para proponer que compre la cartera de créditos de consumo o que fije la tasa de interés de referencia en cero. Una paradoja del tipo: “Yo no me meto con el BCRP y respeto su independencia, pero si somos gobierno hará esto que digo”.
Algo similar sucede con asuntos vinculado a la administración tributaria. Cuando se les pregunta a algunos candidatos por la manera en que van a financiar sus costosas propuestas, estos recurren al facilismo de forzar el “cobro de las deudas de la Sunat”. Lo cierto, como mencionábamos en ocasiones anteriores, es que muchas de estas son en realidad montos en controversia que se están resolviendo en el Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional. ¿Pretende el futuro presidente o congresistas intervenir en estos organismos independientes para dictar cómo deben fallar?
En general, son varios los espacios en los que las promesas de campaña exceden lo que se puede legalmente hacer. Por supuesto, normas de diferente rango delimitan y circunscriben los alcances de las autoridades elegidas, pero el candado central a cualquier afán de poder expansivo es la Constitución. De ahí buena parte de la importancia de ser tremendamente responsables con cualquier cambio a este texto central, y ser muy escépticos de las propuestas para reformarlo por completo.
Si bien el ambiente de campaña invita a más de uno a pensar que se está eligiendo a quienes tendrán carta libre para hacer y deshacer a su antojo, la verdad es que sí hay limitaciones institucionales al poder que se les entrega temporalmente, y están ahí por una buena razón. Estas líneas rojas, sin embargo, también pueden ser atropelladas o borradas a la fuerza. Al hacerlo –a veces incluso con el aplauso de la mayoría– el poder se concentra y se vuelve más peligroso. Después de todo, no hay tal cosa como respetar la independencia, pero solo un poquito.
