Por: Diego Macera, Gerente General del Instituto Peruano de Economía (IPE)
El Comercio, 10 de mayo de 2019
No es demasiado avezado suponer que, dentro del universo de intervenciones del Estado en la economía, la política de salario mínimo es una de las que peor se entiende. Sin embargo, ahora que el gobierno analiza un eventual incremento en la remuneración mínima vital (RMV), vale la pena poner en contexto lo que realmente no se sabe, y lo que sí se sabe, pero se pretende ignorar.
No se conoce bien, por ejemplo, el efecto neto –positivo o negativo– que incrementos en la RMV tienen en países desarrollados. Este depende de varios factores: la competencia por trabajadores entre las empresas, la voluntad de trabajar con relación a otras alternativas como volver a los estudios o recibir transferencias por desempleo, el nivel de la RMV y de su potencial aumento en comparación con el salario y productividad promedio, entre muchos otros. Un estudio pionero del recientemente fallecido economista Alan Krueger –asesor económico principal del ex presidente Barack Obama– sugería incluso que un aumento de la RMV en EE.UU. podía incrementar el empleo (pero a costa de mayores precios para los consumidores). Otros estudios empíricos igual de rigurosos llegan, sin embargo, a resultados opuestos a los de Krueger y compañía: la RMV reduciría la creación de empleo. La evidencia sobre el impacto de aumentos en el salario mínimo en países desarrollados es, en realidad, poco clara y requiere más investigación.
Por otro lado, la historia es mucho más transparente en países en desarrollo, donde la baja productividad y los mercados informales suelen convertir a la RMV en una de las principales barreras a la economía moderna. En el caso del Perú, la evidencia es convincente: la gran mayoría de investigaciones –de instituciones variadas como el Instituto Peruano de Economía, Apoyo Consultoría, Grade o el BCRP– coincide en que aumentos al salario mínimo en el Perú son perjudiciales para la creación de empleo formal y la economía en general.
Aunque es impopular decirlo, la razón principal detrás de este resultado es que el salario mínimo actual de S/930 al mes (que, con sobrecostos, se convierte en S/1.400 mensuales en promedio para una empresa del régimen general) es superior a la productividad promedio del trabajador informal. Más del 40% de los trabajadores de todo el Perú son informales que ganan –o producen– menos de la RMV. Para ellos, la RMV es una barrera legal casi insalvable hacia la formalidad. ¿Qué empleador estaría dispuesto a contratar a alguien cuyo salario mínimo va a ser mayor que lo que agrega a la producción de la empresa?
¿Quiénes son entonces los beneficiados con el aumento de la RMV? El reducido grupo de trabajadores formales que ganan salario mínimo o ligeramente por encima. Estos ascienden a no más del 5% de la PEA. A cambio de esto, se le dificulta el acceso a la formalidad a casi la mitad de los trabajadores del Perú, y se ponen en riesgo los pocos empleos formales de las personas más vulnerables, sobre todo empleados de mypes, mujeres, trabajadores menos educados y jóvenes.
No hay, en realidad, mucha vuelta que darle. El balance empírico es apabullantemente contrario a cualquier aumento de la RMV en el Perú. Argumentos que aluden al incremento de la demanda por subidas de la RMV son poco serios, dada la poca penetración de la formalidad, y los que hacen referencia al costo de vida pierden de vista que la RMV se determina por productividad laboral, no por los precios de la vivienda o los alimentos. En tanto, la fórmula de actualización del salario mínimo que pretende usar el Ministerio de Trabajo presume que el actual nivel de RMV es el correcto, y que es solo cuestión de ajustar por inflación y productividad, lo que también es un error.
En el pasado, los aumentos de la RMV han respondido a momentos políticos difíciles, antes que a análisis objetivos de la realidad del mercado laboral peruano. Sería lamentable constatar que la historia se repite.
