El Programa de Apoyo al Ingreso Temporal (PAIT) se creó durante el primer gobierno del presidente Alan García y consistía en dar algún empleo público –típicamente muy poco productivo, como limpiar caminos– a quien lo necesitase. Según cálculos del propio exmandatario, se empleó a 100.000 personas cada año. Aparte del clientelismo consustancial a un programa de este tipo, hoy queda su recuerdo como un ejemplo de un mal uso de recursos públicos en un contexto de escasez extrema.
Tres décadas y media después, varios candidatos a la presidencia prometen una suerte de reedición de un PAIT repotenciado. El plan de gobierno de Juntos Por el Perú ofrece “programas de empleo temporal masivo en pequeños proyectos hasta por un millón de empleos al 2022”. El de Fuerza Popular apunta que –si bien el partido cree “en la actividad privada como motor de la economía peruana”– “se debe buscar un mecanismo de empleo rápido, que permita movilizar en el corto plazo la gran masa de desempleados y trabajadores informales” para “obras comunales y vecinales”. El partido Podemos Perú propone crear dos millones de empleos para construir escuelas, mercados de abastos y otros. Pero quien se lleva el reconocimiento a la visión monumental del empleo público es, sin duda, Acción Popular, organización que ha ofrecido crear cinco millones de puestos de trabajo públicos durante su período de gobierno.
Hay tres problemas centrales con estas promesas. El primero, por supuesto, es que estas cifras son imposibles. A manera de referencia, todo el sector público peruano –incluyendo trabajadores del gobierno central, gobiernos regionales, municipalidades, docentes, médicos, policías, militares, jueces, etc.– suman cerca de millón y medio de personas. ¿De verdad se planea duplicar o hasta cuadruplicar la contratación pública? En ese sentido, la contratación de un millón de trabajadores durante un solo año –con salario mínimo y beneficios de ley– ascendería a más de S/15 mil millones, cifra superior a todo lo que se gastó en bienes y servicios el año pasado en el sector salud, o cinco veces el gasto anual de planillas de todas las municipalidades. Eso es, decíamos, un imposible fiscal.
El segundo problema es que, más allá de que las cifras ofrecidas sean incumplibles, el esfuerzo es, en sí, una mala idea. El Estado no es una agencia de empleos (cuando se convierte en algo parecido, desborda la corrupción y el clientelismo), y los recursos públicos deben usarse siempre para proveer servicios reales a la población –seguridad, justicia, agua, educación, etc.–. Para cumplir con este último fin se necesita obviamente contratar personas, pero este es un resultado secundario del proceso, no el objetivo final. Si se invierten las prioridades, si concentramos el esfuerzo en contratar gente para luego ver qué hacen, terminaremos exactamente en el mismo lugar donde nos dejó el PAIT.
La difícil situación económica del país tampoco justifica la iniciativa. Con los escasos recursos fiscales producto de la crisis se debe ser más cuidadoso, no menos. Si se trata de apoyar el consumo de las familias vulnerables en tiempos de emergencia –objetivo absolutamente válido–, esquemas focalizados como los actuales bonos por lo menos dejan tiempo disponible a las personas desempleadas o subempleadas para capacitarse o para buscar un trabajo estable y productivo.
El tercer y último problema es que la promesa de creación de empleo con presupuesto público es la salida fácil que soslaya los verdaderos retos del mercado laboral. Si ya vamos a crear millones de puestos de trabajo rápidos y fáciles, dice entrelíneas el candidato, ¿cuál es la necesidad de hablar de promoción de la inversión privada, formalidad, productividad, y todos esos otros temas difíciles? Sucede, por supuesto, que son estos últimos asuntos los que realmente importan para crear empleo sostenible y bien remunerado. Y de eso, la verdad, hemos escuchado muy poco últimamente.
Por: Diego Macera
El Comercio, 25 de febrero de 2021
