Por: Diego Macera, Gerente General del Instituto Peruano de Economía (IPE)
El Comercio, 8 de junio de 2018
Detenerse a comentar la demanda por “cerrar el Congreso” es ocioso. Baste con señalar que disolver el Legislativo para defender la democracia encuentra fáciles paralelos con la lógica de bombardear una ciudad para promover la paz.
Más interesante es notar el razonamiento fiscal y tributario que está detrás de las últimas protestas. Hay dos principios, dos hilos comunes –tenues pero presentes y entrelazados–, que unen la indignación por la compra de flores y computadoras del Congreso, el rechazo al alza del ISC y a la reducción del tramo inafecto del Impuesto a la Renta a personas naturales, la “revisión” de los peajes, el celebrado anuncio del presidente Vizcarra para establecer una comisión ad hoc que “genere mecanismos de pago” para los impuestos de las grandes empresas, entre otros asuntos que han marcado la agenda. A saber, el principio de “¿para eso pago impuestos?” y el principio de “paga tú primero”.
El primer principio, autoexplicativo por lo demás, se pregunta de forma justificada, por ejemplo, por el uso que puedan tener computadoras capaces de diseñar y modelar la siguiente entrega de “Star Wars” en la sede el Parlamento. Si hay mérito en este razonamiento, este está más en la carga simbólica, en el deterioro de la imagen de un poder del Estado, que en las sumas y restas del presupuesto público. Puesto en términos más crudos, todos los excesos y las frivolidades de los que últimamente se le ha acusado al Congreso no alcanzan siquiera para construir una comisaría equipada. El problema, queda claro, no está ahí, sino en la legitimidad socavada del congresista promedio entre flores y iPads.
El principio “¿para eso pago impuestos?”, obvio, no se agota en el Congreso –de lo contrario, no funcionaría–. Hay mucho por qué indignarse: contrataciones de funcionarios por afinidad personal antes que mérito, compras públicas ineficientes, inversión pública que no cierra brechas sociales; todo el consabido rosario de malos usos de dinero del fisco, siempre coronado por la omnipresente corrupción. “¿Para eso pago impuestos?” se vuelve una pregunta retórica profunda que condena a la vez que absuelve.
Pero, presionado hasta su lógica conclusión, ni el más cínico podría concluir que –dado su mal uso– nadie debe pagar impuestos. Pensado con algo de calma, de hecho, una cosa no tiene que ver con la otra. Y es ahí cuando entra el segundo principio: “paga tú primero”. Después de todo –va el argumento–, ¿qué legitimidad puede tener una reducción del tramo inafecto de Impuesto a la Renta para que más personas tributen o el alza del ISC a los combustibles cuando, por ejemplo, las grandes empresas no ponen lo que deberían?
Este argumento tiene dos problemas principales. El primero es que, nuevamente, una cosa no tiene que ver con la otra. Que alguien pague sus tributos como debe, o lo haga mal, tarde y nunca, no guarda mayor relación con que alguien más deba hacerlo. Aquí no hay, ni debe haber, orden de prelación. El segundo problema es que refleja un desconocimiento significativo sobre la manera de trabajar del Ministerio de Economía, la Sunat, el Tribunal Fiscal, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Las demandas de cada caso –sobre todo cuando judicializado– deberán valerse por sus propios méritos, y las empresas pagarán lo que deban después de un proceso justo y con respeto al orden institucional. La narrativa del principio “paga tú primero” –y la comisión que desea formar el presidente al respecto– parecen apuntar a lo opuesto.
Aunque de manera implícita, estos dos principios han marcado fuertemente la interpretación de la agenda pública de un tiempo a esta parte. Entre el “¿para eso pago impuestos?” y el “paga tú primero” queda un país que todavía no se decide a arreglar lo pendiente y a asumir lo que le corresponde.
