Por: Diego Macera, Gerente General del Instituto Peruano de Economía (IPE)
El Comercio, 5 de julio de 2018
Joe Gebbia y Brian Chesky vivían en San Francisco, tenían 27 años y estaban quebrados. Aprovechando que la ciudad sería sede de una gran conferencia de diseño que había ocupado toda su capacidad hotelera, Joe y Brian decidieron poner tres colchones inflables en el piso de su sala y alquilarlos para pasar la noche. A la mañana siguiente, les cocinarían desayuno a sus huéspedes y les cobrarían US$80 por noche. Ganar algunos dólares extra para pagar el alquiler del departamento era el objetivo. La idea funcionó y, sorprendidos por lo fácil y práctico que resultó el negocio, los amigos decidieron escalarlo. La experiencia fue el inicio de lo que hoy es Airbnb, una compañía valorizada en US$38 mil millones –casi un quinto del PBI del Perú– que pone en contacto a personas que tienen habitaciones, departamentos, casas –o incluso castillos– disponibles con otros que desean rentar por un período corto de tiempo.
En el Perú, esta compañía y otras similares han entrado en debate a partir de la prepublicación del “Proyecto de reglamento de establecimientos de hospedaje”, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Luego de que se alzaran voces de protesta por un potencial establecimiento de barreras al arriendo online de alojamientos, como el que promueve Airbnb, ayer la viceministra Liz Chirinos comentó que el proyecto no tiene como objetivo regular este tipo de alquileres, sino que “actualiza, únicamente, la prestación de servicios de alojamiento turístico”.
Más allá de cuál sea la versión final del reglamento que apruebe el Mincetur hacia finales de año, el caso pone en evidencia un conflicto permanente y cada vez más agudo entre la sobrerregulación nacional de algunos sectores y el reto que le impone a esta la nueva economía digital o economía compartida. Internet no solo puede mejorar la eficiencia de los mercados, sino también desnudar taras regulatorias que venimos arrastrando por años.
Para los alojamientos, ¿qué sentido tiene, por mencionar algo muy simple, exigir un número mínimo de mesitas de noche y 1,80 m de revestimiento impermeable en duchas de hotel cuando los huéspedes tienen hoy la libertad de quedarse en cualquier casa de vecino? Los hoteles formales que deben cumplir a pie juntillas reclamarán discriminación y trato desigual, y tendrán razón, pero la solución no es subirles las barreras formales a todos, sino bajarlas para beneficio de los negocios y de los clientes.
Las aplicaciones de taxis son otro caso paradigmático. En una economía sobrerregulada en la que –como consecuencia– la informalidad domina, los taxis por aplicación se han convertido en lo más cercano a un mercado formal masivo. El Perú debe ser de los pocos países en los que, en relación con los taxis de la calle, Uber y compañía son la alternativa más formal, y no a la inversa.
La regulación del mercado laboral es quizá el ejemplo mayor de esta disociación regulatoria. ¿Cómo se aplicará el salario mínimo y la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo cuando se contrate a alguien por horas desde el otro lado del mundo en una labor que se puede hacer desde cualquier computadora? ¿A qué reposición por despido arbitrario podrá ser sujeta Uber? ¿Los repartidores de Glovo deberían tener CTS? En la lista de regulaciones por revisar están también las finanzas, las telecomunicaciones y varios otros sectores.
La economía digital o compartida todavía no ha ingresado con fuerza al Perú, pero ello no nos impide aprovechar su existencia para empezar a cuestionarnos los aspectos en los que la regulación nacional ha hecho más daño que bien. Sería un ejercicio de introspección, pero también de preparación para lo que viene. A ver si la próxima vez que a un peruano se le ocurra un cachuelo para poder pagar la renta terminamos con una compañía global.
