Por: Diego Macera
El Comercio, 9 de setiembre de 2021
Durante su discurso de Fiestas Patrias, el presidente Pedro Castillo utilizó 17 veces la palabra “pueblo”. Incluyendo expresiones derivadas, “pueblo” apareció bastante más seguido que “economía” (8 veces), “reactivación” (4), “democracia” (2), “libertad” (1), y casi la misma cantidad de veces que “Perú” (19). Como referencia, los discursos iniciales de Fiestas Patrias de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra hicieron referencia al “pueblo” no más de tres veces. Por supuesto, esto no debería sorprender. Durante la campaña, el actual mandatario esgrimió la expresión a diestra y siniestra en cada intervención pública y cuando estuvo apurado por alguna pregunta incómoda.
El uso y abuso de la palabra “pueblo” conlleva tres riesgos interconectados. El primero es que trasmite la imagen de un colectivo humano uniforme, en el que las diferencias individuales o de grupos específicos –fundamentales en cualquier sociedad sana y libre– son disueltas y absorbidas en favor de un gran grupo abstracto, pero tan homogéneo como hegemónico. Esta es la materia prima con la que se elaboran todos los proyectos totalitarios. El segundo riesgo –derivado del primero– es que cualquier iniciativa, especialmente aquellas que afectan los derechos de las minorías o que rompen el Estado de derecho, pueden justificarse si están alineadas con los intereses del pueblo. Después de todo, si el pueblo somos todos, lo que es bueno para el pueblo será bueno para todos –las instituciones, leyes y derechos pueden esperar–. Y el tercer riesgo es que, con frecuencia, los únicos que se dicen capaces de interpretar y personificar al pueblo son el caudillo de turno y sus aliados, lo que les otorga un poder desmesurado.
Hechas estas advertencias, quizá no esté de más preguntarse: ¿y qué pasaría si efectivamente el gobierno decidiese tomarse muy en serio su recurrente alusión al pueblo? ¿Cómo se vería esa administración que transita desde la democracia representativa hacia la democracia directa? ¿Cuáles serían sus prioridades y de qué manera se pueden identificar? En vista de que el “pueblo” no es sino la suma de individuos, las preferencias que recogen las encuestas de opinión –aún con sus posibles sesgos y errores– serían lo más cercano a esa idealizada voz popular que dice escuchar el gobierno.
Así, de acuerdo con el sondeo elaborado por CPI la semana pasada, por lejos la medida más importante que debe optar el gobierno en el menor tiempo posible es la reactivación económica del país. A nivel nacional, el 44,2% de personas encuestadas la identifican como prioritaria y, con excepción del oriente, la cifra es bastante estable entre distintos cortes poblacionales. Esta preferencia está estrechamente vinculada con la tercera del ránking: “mejora de los niveles de ingresos”. Aquí también las preferencias son bastante homogéneas por zonas y sexo. Un gobierno enfocado en el “pueblo”, por lo tanto, buscaría a como dé lugar las inversiones y el empleo que demandan con claridad millones de ciudadanos. Pero, por el contrario, hasta ahora los mensajes, nombramientos y políticas discordantes dentro del propio Ejecutivo no han contribuido a crear un clima de estabilidad que promueva la recuperación económica. Las iniciativas recién presentadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), solo por poner un rápido ejemplo, tienen el potencial para destruir muchos más puestos de trabajo formales de los que crearían.
Nuestro gobierno del pueblo tendría también como asunto urgente el retorno a clases, tema que aparece en segunda posición en la encuesta de CPI. Aquí los avances han sido exiguos: el Perú es uno de los últimos países en la región en volver a clases semipresenciales. Respecto de la siguiente urgencia, reducir el precio del balón de gas, el gobierno ha tomado cartas en el asunto al incluir al gas licuado de petróleo (GLP) nuevamente en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), pero difícilmente esto tendrá el efecto deseado dada la informalidad del sector y la poca capacidad de fiscalización estatal. El avance de la vacunación llega en quinto puesto entre las tareas a las que el gobierno debiera abocarse. Vale resaltar, finalmente, que el cambio de Constitución tiene menos del 1% de entusiastas fervientes en esta encuesta.
En corto, para ser consistente con su autoproclamada vocación de escuchar e interpretar al pueblo, el presidente Castillo y su equipo deberían tener como agenda inmediata la recuperación económica, traducida en más empleos y más ingresos para las familias. Y para eso, la condición indispensable es dar un mínimo de estabilidad que permita promover la inversión privada. Junto con un retorno a clases seguro y mantener firme la campaña de vacunación, así es como se vería –en realidad– un gobierno del pueblo para el pueblo.
