El sistema de franjas de precios para la importación de productos agrícolas se implementó en el año 1991, en el marco de una realidad agrícola, en algunos casos, absolutamente distinta a la presente.
La Reforma Agraria implementada desde finales de los años 60 afectó severamente, entre otras, la producción nacional de azúcar, la cual, años después, cayó a niveles alarmantes.
De hecho, a principios de la década del 90 el Perú debía importar una parte significativa del azúcar que consumía. Por ello, resultaba imperativo establecer mecanismos que permitieran que las entonces cooperativas azucareras, las cuales se encontraban técnica y económicamente quebradas, pudieran subsistir hasta recibir la inversión privada necesaria para modernizarse y lograr su eficiencia productiva.
En ese contexto, se crea el sistema de franjas de precios, y se incorpora al mismo al azúcar conjuntamente con otros productos agrícolas como, entre otros, el maíz amarillo, la leche en polvo y el arroz.
Lo que sucedió años después es por todos conocido. Las cooperativas azucareras se privatizaron exitosamente y hoy Casa Grande, Cartavio, Laredo, Tumán, Pucalá, Pomalca o Paramonga son empresas eficientes y competitivas que ostentan, según la FAO, los más altos niveles de rendimiento promedio de azúcar por hectárea del mundo. Las ex cooperativas azucareras son hoy un claro ejemplo de éxito empresarial.
De acuerdo con el Decreto Supremo N° 115-2001-EF, que reformó el sistema de franjas de precios diez años después de su creación, dicho sistema tiene como propósito “mejorar los niveles de competitividad agrícola”. Resulta evidente que las hoy exitosas empresas azucareras no necesitan de este instrumento de protección, pues ya han logrado ser bastante competitivas.
De acuerdo con el sistema actual de franjas de precios, si se quiere importar azúcar refinada, sea blanca o rubia, debe pagarse US$ 260 por T.M., lo cual equivale a un 62.5% de protección arancelaria, considerando el precio internacional de referencia del azúcar de US$ 416 por TM.
Esto, evidentemente, no tiene ni lógica ni sentido en la realidad actual. Los consumidores, sean domésticos o industriales, no tienen por qué asumir el costo de una protección que las empresas azucareras ya no necesitan. El sistema fue exitoso para apoyar el fortalecimiento de la actividad azucarera. Ya cumplió su objetivo respecto de dicha actividad. Mantenerlo podría, lejos de ayudar a mejorar la competitividad de las azucareras, afectarla.
Resulta evidente que ha llegado el momento de excluir al azúcar del sistema de franjas de precios. Esto resulta más urgente aun luego del reciente pronunciamiento del Grupo Especial de Solución de Controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el cual, ante una denuncia contra el sistema de franja de precios agrícolas que aplica el Perú, presentada por Guatemala, y a la cual se han adherido países como Estados Unidos, Unión Europea, Brasil, Colombia, China, Corea, etc. ha resuelto que el sistema de franjas de precios, como lo aplica el Perú, vulnera el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC.
Esta resolución de la OMC pone al Perú en una delicada situación internacional y pone en riesgo la posibilidad de implementar instrumentos de protección, en el marco del Acuerdo de Agricultura de la OMC, en favor de otros productos agrícolas que, eventualmente, sí pudieran necesitarlos.
