Diana Seminario
El Comercio, 28 de junio del 2024
“El abuso sexual hacia una menor siempre será eso, y es inadmisible aceptar y siquiera mencionar que se trate de ‘prácticas culturales’”.
El ministro de Educación, Morgan Quero, y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Hernández, están en la mira del Congreso luego de que la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ruth Luque, presentara una moción de censura contra ellos por los más de 500 casos de violación de niñas de la comunidad awajún.
Quero y Hernández fueron convocados el último martes a esta comisión parlamentaria, pero decidieron no asistir.
“Frente a la gravedad, se necesita que ellos asuman la responsabilidad política por la falta de respuesta. Estamos cansados de los diagnósticos y la problemática. Queremos soluciones. La moción de censura está disponible para todos los congresistas que quieran suscribirla”, mencionó entonces la congresista Luque.
Como se recuerda, el ministro Quero, enterado de esta situación de violencia contra menores awajún que data de hace más de siete años, comentó: “Tenemos que encontrar una solución, denunciar si ha habido una violación. Si es una práctica cultural, que lamentablemente sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes, pero también vamos a exigir una respuesta a la comunidad. Si estas niñas han sido violadas, no nos va a temblar la mano”.
Hernández, por su parte, dijo al respecto: “Se trata efectivamente de prácticas culturales que debemos desterrar. Informar a las niñas y a los adolescentes que es importante postergar las relaciones sexuales”.
Quero pidió disculpas por estas lamentables afirmaciones y ayer anunció que han separado a 187 docentes en Lima, a más de 119 en Condorcanqui y a seis que habían sido contratados en otras UGEL de San Martín, Loreto y Amazonas. Según el ministro, van a actuar con “firmeza contra estos violadores disfrazados de maestros”.
El abuso sexual de un adulto hacia una menor siempre será eso, y es inadmisible aceptar y siquiera mencionar que se trate de “prácticas culturales”.
Y la tragedia de estos menores es doble, pues, además del abuso que padecen, no encuentran justicia. Ante la total ausencia del Estado, los padres de familia pactan una reparación económica con el agresor, que puede ser de unos S/500 o un pedazo de tierra, lo que resulta indignante.
A puertas de una censura en el Congreso, pareciera que el ministro de Educación ha decidido enfocarse en el tema y ha solicitado al Congreso la aprobación de un proyecto de ley que busca que los delitos sexuales cometidos por docentes no prescriban y que estos profesores sean inhabilitados de por vida de sus funciones.
Solo el escándalo y la tragedia de las niñas awajún ha hecho que las autoridades miren un problema que no es nuevo. Esperemos que la indiferencia y la indolencia no vuelvan a instalarse luego de que la presión mediática disminuya.
