Diana Álvarez-Calderón, Ministra de Cultura
El Comercio, 18 de julio de 2016
Con 159 monumentos arqueológicos inscritos en Registros Públicos, 25 de los cuales fueron registrados en los últimos cinco años, es lógico pensar que el Estado Peruano –y en particular el Ministerio de Cultura– no ha cumplido con salvaguardar nuestro vasto patrimonio arqueológico (20.000 sitios reconocidos y un número mayor por descubrir).
Las razones que explican este vacío se hallan en las dificultades para sanear las propiedades. Los procedimientos estipulados en la normativa vigente obligan a notificar a todas las personas que ostentan derechos reales sobre el predio. Precisamente, es en esta etapa en que se alarga y encarece el proceso, porque se debe notificar a personas cuyas direcciones –principalmente rurales– no se conocen y no se cuenta con los recursos necesarios para la búsqueda.
Cualquier peruano que haya tratado de inscribir una propiedad sabrá lo engorroso que resulta el trámite. Imaginar que hay sitios arqueológicos que se encuentran en medio de comunidades campesinas en las que se debe notificar a todos los miembros explica el porqué, en los casi 50 años de existencia del Instituto Nacional de Cultura, ahora Ministerio de Cultura, no se puede hablar de saneamiento del patrimonio.
Por ello, para la protección de los restos arqueológicos, la solución ha sido buscar alternativas que, usando tecnología de punta, registren e identifiquen de forma rápida y segura la totalidad de los sitios conocidos.
El uso de drones con cámaras de alta resolución conectadas a un sistema informático, por ejemplo, permite la captura de imágenes llamadas ortofotos, las cuales registran en detalle la situación real del bien y contienen datos georreferenciados que ubican con exactitud el sitio. Antiguamente se utilizaba el sistema de GPS para posicionar y conocer la ubicación de un bien, pero no se contaba con la descripción exacta del mismo y tomaba a los arqueólogos un año lo que hoy se puede hacer en un día.
Ahora, con esta tecnología, se identifica el sitio en su totalidad, su estado de conservación y el entorno existente. Cuando en el 2013 se destruyó la pirámide de El Paraíso, no se contaba con una imagen que permitiera conocer el bien destruido. Con el nuevo sistema, algo así no volverá a suceder.
En un año y con solo dos equipos, se ha recopilado información de 508 sitios. Ello nos indica que, con la reciente inversión en 11 equipos, se podría acelerar el proceso y concluir en pocos años con el registro de todo el Perú. Esta inversión tiene una función concreta: realizar un catastro arqueológico que proteja el patrimonio a la vez que facilite la inversión pública y privada.
El 14 de junio, el Ministerio de Cultura presentó un proyecto de modificación de los artículos 3 y 7 de la ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro (Ley 28294), con la finalidad de incorporarse en dicho sistema y poder ser un ente generador de catastro. No habiendo conseguido que se ponga en agenda del Congreso para su debate y aprobación, esta será una tarea para el siguiente gobierno.
No todo, sin embargo, son piedras en el camino. A requerimiento de Cultura, el Ministerio de Economía y Finanzas ha priorizado un programa de catastro nacional con asistencia técnica y futura operación de endeudamiento con el BID. Esta será la primera operación de este tipo para patrimonio cultural en el país.
Lampadia
