Delia Muñoz
El Comercio, 14 de noviembre del 2025
«Puedo concluir que un equipo especial pierde la objetividad e imparcialidad requerida, dejando de lado lo técnico para acomodarse a la visión e intereses de quien los designa».
El Ministerio Público es un organismo constitucional con una estructura vertical y jerarquizada con grandes funciones, representado por el fiscal de la Nación, quien cuenta con facultades para designar fiscales provisionales, así como equipos especiales para casos complejos o determinados delitos. Actualmente hay tres equipos especiales: el de corrupción en el poder (2022) y los de los casos Los Cuellos Blancos del Puerto (2019) y Lava Jato (2016). En ese contexto, se plantea la pregunta sobre si deben continuar los equipos especiales ad hoc.
Partiendo de lo expresado por Elisa de la Nuez (España, 2025), sobre que “los fiscales designados buscarán llevarse bien con la persona que los designó en puestos discrecionales y muchas veces mejor remunerados”, se puede señalar que la designación de grupos especiales no es técnica y quiebra la carrera meritocrática, atentando contra el principio de unidad y jerarquía en el sector público. Estas designaciones se sustentan en el fundamento dedocrático para asignar tareas propias de las fiscalías especiales a un grupo de fiscales escogidos sin reglas predefinidas. Estas prácticas generan debilitamiento institucional al extender su vigencia por años y dar la apariencia de no contar con un sistema de rendición de cuentas basado en resultados.
En la experiencia internacional, el caso más conocido de un mecanismo de investigación ad hoc es la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, que funcionó 12 años, hasta el 2019, sustituyendo a fiscales locales con expertos internacionales con gran calidad técnica. A la larga, afectó la capacidad de funcionamiento de la fiscalía, pues retrasó los grandes cambios que se precisaban para fortalecer el sistema de justicia.
Apreciando las experiencias, puedo concluir que un equipo especial pierde la objetividad e imparcialidad requerida, dejando de lado lo técnico para acomodarse a la visión e intereses de quien los designa.
