David Tuesta
Perú21, 17 de octubre del 2024
«Los programas integrales que combinan educación, empleo y apoyo comunitario han demostrado reducir la delincuencia juvenil en países como Chile».
“Sin City”, la novela de Frank Miller, describe una ciudad sumida en la corrupción y la criminalidad, donde la justicia parece haber sido derrotada y el crimen organiza la vida cotidiana. Aunque la realidad peruana no alcanza —aún— esa escala de ficción, la data sugiere que el país enfrenta serias dificultades para contener la violencia, a pesar de los crecientes recursos destinados a la seguridad pública. ¿Está triunfando el crimen en Perú?
Data más reciente de 2024 revela que el presupuesto para garantizar el orden y la seguridad asciende a cerca de S/9,500 millones a agosto, un alza de 6.9% en comparación con 2023. El gasto acumulado desde 2019 es de 13.7%. Pero, los resultados son dispares: mientras Lima y Callao han conseguido reducciones en la tasa de delincuencia (-1.6 y -4.5 puntos porcentuales, respectivamente), otras regiones como Cusco y Apurímac, han visto aumentos de más de 10 p.p.
Se ha observado un incremento preocupante en delitos específicos. El robo de negocios se elevó 225% entre 2022 y 2024, mientras que la incidencia de secuestro y extorsión creció un 50%. Esto refleja un problema de gestión de recursos y deficiencias estructurales en la política de seguridad que han impedido frenar el avance del crimen.
El FMI ha destacado que un alza del 30% en las tasas de homicidio puede reducir el crecimiento del PBI en 0.14 puntos porcentuales. En América Latina, las altas tasas de criminalidad no solo están correlacionadas con la pobreza y la desigualdad, sino también refuerzan estos problemas. La fuerte desaceleración económica de los últimos 10 años, que fue “coronada” con una recesión y seria pérdida de poder adquisitivo en 2023, termina constituyéndose en piedra angular del azote criminal.
¿Qué proponemos? Primero avanzar en la prevención social integral, que debe comenzar abordando las causas subyacentes, como la exclusión social y la falta de oportunidades. Los programas integrales que combinan educación, empleo y apoyo comunitario han demostrado reducir la delincuencia juvenil en países como Chile.
Segundo, asignar con inteligencia los recursos para la seguridad. El alza del presupuesto no se ha traducido en una mejora por la falta de reformas estructurales. Es crucial mejorar la capacitación y equipamiento de la policía, optimizar la distribución de los recursos y priorizar la eficiencia en el gasto, especialmente en las regiones más afectadas.
La evidencia internacional también recomienda como tercera vía el fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal. Para enfrentar la impunidad, es necesario modernizar la administración de justicia y asegurar la coordinación entre la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Esto debe venir de la mano de dotar todas las garantías de seguridad a jueces y fiscales para que puedan actuar sin miedo.
Finalmente, en lugar de estrategias indiscriminadas, es más efectivo aplicar la disuasión focalizada en áreas con alta incidencia delictiva y en infractores reincidentes. La experiencia en ciudades de Estados Unidos y Europa ha demostrado que el uso de patrullajes dirigidos, en combinación con servicios sociales, reduce la criminalidad al atacar sus causas inmediatas.
Es necesario adoptar una estrategia integral basada en la evidencia que contemple la prevención social y la modernización de la justicia. Dinero hay, si no pregunten a nuestras autoridades que quieren gastar miles de millones de dólares en aviones que no necesitamos, mientras emolienteros, mototaxistas, bodegueros y profesores son asesinados sin que este Gobierno reaccione.
