David Tuesta
Gestión, 15 de julio del 2026
Después de tantos años de turbulencia política, el Perú ha logrado preservar aquello que escasea en el mundo emergente: la credibilidad macroeconómica.
Hay una frase atribuida a Séneca que resume mejor que muchos tratados de economía el momento que estamos atravesando: “La suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad”. La historia económica demuestra que los países tienen momentos excepcionales en los que los factores económicos, políticos e institucionales se alinean de una manera poco frecuente. Claro, esas ventanas de oportunidad no garantizan el éxito, pero sí aumentan considerablemente la probabilidad de alcanzarlo. Después de todo, la diferencia entre los países que progresan y aquellos que vuelven a frustrarse no radica en haber tenido más suerte, sino en haber sabido aprovecharla antes de que desaparezca.
Nuestro país se encuentra precisamente frente a una de esas oportunidades. Después de más de una década caracterizada por presidentes que no concluyeron sus mandatos, enfrentamientos permanentes entre el Ejecutivo y el Congreso, alta rotación ministerial y una creciente pérdida de confianza, Keiko Fujimori recibe un país en condiciones considerablemente más favorables que las que tuvieron, cuando iniciaron sus respectivos gobiernos, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo.
La primera evidencia proviene de las expectativas. El Banco Central muestra que las expectativas económicas a doce meses alcanzaron 55.5 puntos tras la elección presidencial, el mayor nivel para un inicio de gobierno desde 2016 y muy por encima del registrado incluso cuando Kuczynski iniciaba su mandato. En otro tanto, el entorno internacional también juega a favor. Los términos de intercambio se encuentran prácticamente en máximos históricos después de haber aumentado cerca de 87% desde 2019. En términos simples, el mundo continúa pagando precios excepcionalmente altos por los principales productos que exporta el Perú.
Más aún, los fundamentos internos acompañan ese contexto favorable. La economía viene creciendo alrededor de 3.5%, con sesgo al alza, mientras que la inversión privada mantiene un ritmo superior al 10% anual. Particularmente destacable resulta el comportamiento de la inversión minera, que aumentó más de 41% durante el primer trimestre, anticipando una nueva etapa de expansión en el principal sector exportador del país. Todo ello ocurre con una inflación controlada, un déficit fiscal en proceso de reducción, una deuda pública en torno al 32% del PBI –una de las menores de América Latina– y un nivel de reservas internacionales que continúa siendo una fortaleza reconocida internacionalmente. Después de tantos años de turbulencia política, el Perú ha logrado preservar aquello que escasea en el mundo emergente: la credibilidad macroeconómica.
Las condiciones políticas también son significativamente mejores. La nueva configuración del Congreso reducirá el número efectivo de partidos de 10.5 a 4.6. A ello se suma el retorno de la bicameralidad y la existencia de solo seis bancadas relevantes, condiciones que reducen los costos para construir acuerdos y aumentan la probabilidad de estabilidad gubernamental. La economía política lleva décadas explicando que las reformas no dependen únicamente de tener buenos diagnósticos, sino de que exista una correlación política capaz de hacerlas viables. John Kingdon denominó a este fenómeno una policy window: ese breve período en el que problemas, soluciones y condiciones políticas convergen simultáneamente. Todo indica que el Perú vuelve a encontrarse frente a una de esas ventanas. La pregunta es qué haremos con ella.
Las oportunidades de crecimiento tampoco son teóricas. Por ejemplo, el país cuenta hoy con una cartera minera superior a US$ 64 mil millones, integrada por proyectos que, en muchos casos, ya cuentan con estudios ambientales aprobados y se encuentran en fases avanzadas de ingeniería. Sin embargo, el principal obstáculo continúa siendo el propio Estado. Un Estudio de Impacto Ambiental cuyo plazo legal es de 120 días termina demorando, en promedio, casi 500 días; una modificación de EIA toma más de 300 cuando la ley establece 120 días; e incluso un Informe Técnico Sustentatorio, cuyo plazo legal es apenas de un mes, demora casi el doble. En realidad, pocas políticas de reactivación tendrían un impacto tan inmediato como devolverle al Estado la capacidad de cumplir los plazos que él mismo establece.
Existe, además, una oportunidad institucional que podría tener efectos incluso más profundos. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la iniciativa legislativa de gasto fortalece de manera decisiva el principio de sostenibilidad fiscal y reafirma la competencia constitucional del Poder Ejecutivo para administrar la hacienda pública. Más importante aún, desarrolla nuevos criterios interpretativos sobre la prohibición de que el Congreso apruebe gasto permanente sin el debido respaldo financiero. No se trata únicamente de una sentencia sobre un caso específico; representa un cambio jurisprudencial que ofrece al próximo gobierno una “oportunidad de oro” para ir al Tribunal Constitucional y presentar las demandas respectivas a varias de esas leyes irresponsables, y así, recuperar la disciplina fiscal.
La suerte, entonces, ya hizo su parte. Hoy el Perú combina mejores expectativas, un contexto internacional favorable, estabilidad macroeconómica, menor fragmentación política, una enorme cartera de inversiones lista para ejecutarse y un renovado respaldo constitucional para recuperar la disciplina fiscal. Hacía muchos años que el país no iniciaba un gobierno con tantas condiciones alineadas a favor. Por tanto, la verdadera diferencia no la marcará la suerte, sino las decisiones que se adopten durante los próximos meses. Así, al final, la única pregunta que realmente importa es: ¿Qué hará Fuerza Popular con tanta suerte?
