David Tuesta
Perú21, 4 de setiembre del 2025
«La eliminación de pasos redundantes debería reducir plazos y costos».
El Congreso aprobó por insistencia la nueva Ley de APP, con la promesa de agilizar y ordenar un mecanismo clave para cerrar brechas de infraestructura y servicios. La norma llega tras años de cuestionamientos a un sistema que se volvió un laberinto burocrático. El Consejo Privado de Competitividad recogía en su análisis que el promedio de tiempo para lograr la declaratoria de viabilidad de un proyecto de APP bordeaba los 60 meses.
¿Por qué la ley anterior era tan ineficiente? Porque obligaba a que las APP cofinanciadas pasaran no solo por el sistema especializado de promoción de la inversión, sino también por Invierte.pe. Esto generaba duplicidad y era una carrera de obstáculos que ahuyentaba capital privado y postergaba servicios que la ciudadanía necesitaba con urgencia. La nueva norma corrige esta trampa burocrática: ahora las APP, cofinanciadas o autofinanciadas se regirán exclusivamente por el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. Con ello se espera reducir a la mitad el tiempo de la fase de formulación.
¿Qué otras bondades trae la nueva ley? Clarifica los roles institucionales. La Contraloría deberá emitir opinión solo en los proyectos cofinanciados y sobre aspectos presupuestales. Los reguladores solo podrán opinar sobre tarifas, acceso y calidad del servicio. El MEF mantiene la rectoría del sistema, pero ahora concentra sus opiniones en lo verdaderamente crítico: la capacidad presupuestal, las garantías y el equilibrio económico-financiero de los contratos. Y Proinversión asume un rol central como entidad titular de los proyectos de gran envergadura.
La eliminación de pasos redundantes debería reducir plazos y costos, mientras que la clarificación de competencias generará mayor predictibilidad para los inversionistas. Además, la ley introduce flexibilidad en la gestión contractual: ahora será posible ajustar condiciones de competencia ante hechos nuevos, evaluar el equilibrio económico-financiero con flujos marginales, y admitir inversiones adicionales sin pasar por trámites interminables. Incluso, en casos de emergencia, ciertos cambios puedan hacerse vía acta, sin necesidad de adendas.
¿Y qué impacto puede tener esto en el crecimiento potencial? Aquí la literatura es clara. Estudios del BM, el FMI y la CAF han documentado que las APP bien diseñadas no solo movilizan capital privado, sino que generan efectos multiplicadores en productividad, empleo e innovación. Infraestructura moderna en transporte reduce costos logísticos y facilita la integración de mercados; hospitales y colegios en régimen de APP mejoran la calidad y cobertura del capital humano; proyectos energéticos amplían la competitividad industrial. Cada dólar invertido en infraestructura puede multiplicar su efecto sobre el producto en 1.5 a 2 veces.
Por eso, si la nueva ley se aplica con rigor técnico y transparencia estaremos sentando las bases para mejorar el crecimiento potencial de la economía que hoy sufre por la improvisación y el populismo. Si todo se implementa bien, podríamos estar frente al inicio de un nuevo ciclo de inversión público-privada en el Perú. Y eso, sin duda, es una esperanza que vale la pena cuidar.
