David Tuesta
Perú21, 19 de marzo del 2026
En un país con enormes brechas sociales, infraestructura insuficiente y restricciones fiscales cada vez más evidentes, resulta difícil encontrar una decisión más desconectada de la realidad que seguir inyectando recursos públicos a una empresa que se ha convertido en un barril sin fondo. Petroperú no solo no genera valor: lo destruye sistemáticamente, drenando recursos que podrían destinarse a educación, salud o seguridad. La petrolera se parece cada vez más a un Drácula fiscal, que sobrevive extrayendo la sangre de los contribuyentes.
En los últimos cuatro años, el Estado ha comprometido alrededor de S/18,000 millones en distintos mecanismos de rescate para sostener a la empresa. A ello se suma ahora un nuevo “financiamiento momentáneo” por aproximadamente S/500 millones. No se trata de una operación aislada ni excepcional, sino de la continuidad de un patrón: la incapacidad de sostenerse por sí misma, combinada con la imposibilidad política de dejarla enfrentar las consecuencias de su propia ineficiencia.
Petroperú arrastra una estructura de costos elevada, decisiones de inversión cuestionables y una gestión capturada por intereses políticos y sindicales. Cualquier intento de reestructuración profunda enfrenta resistencias internas previsibles: quienes se benefician del statu quo no tienen incentivos para cambiarlo.
Por eso, el reciente intento de ordenar la empresa parece estar desdibujándose. Las señales apuntan a que la historia se repite: se anuncian reformas, se otorgan recursos frescos y, al poco tiempo, todo vuelve al punto de partida.
Desde el punto de vista económico, lo que estamos observando es un clásico problema de restricción presupuestaria blanda. Cuando una empresa sabe que siempre será rescatada, pierde cualquier incentivo para operar eficientemente. El riesgo no es solo fiscal, sino institucional: se genera un precedente en el que las pérdidas privadas se socializan sistemáticamente, debilitando la disciplina del sistema económico en su conjunto.
Además, cada sol destinado a cubrir las pérdidas de Petroperú es un sol que no se invierte en cerrar brechas críticas. En un contexto en el que el Perú enfrenta presiones crecientes sobre el déficit fiscal, aumentar el gasto permanente o cuasi permanente para sostener una empresa ineficiente no solo es irresponsable, es regresivo. Son, en última instancia, los ciudadanos —especialmente los más vulnerables— quienes terminan financiando este esquema.
Algunos argumentarán que Petroperú es estratégica para garantizar el abastecimiento de combustibles. Sin embargo, esta afirmación ignora dos elementos clave. Primero, el mercado peruano ya cuenta con operadores privados capaces de cubrir la demanda. Segundo, una empresa estatal financieramente quebrada difícilmente puede cumplir un rol estratégico de manera sostenible.
El Perú no puede seguir atrapado en este círculo vicioso. Persistir en este esquema equivale a institucionalizar la ineficiencia y normalizar el uso discrecional de los recursos fiscales. Petroperú no necesita más salvatajes, necesita una transformación radical que incluya cambios en su gobernanza, una redefinición de su rol en el mercado y, si es necesario, la apertura a esquemas de participación privada. Porque, de lo contrario, seguiremos alimentando a un Drácula que no solo no muere, sino que cada vez exige más y más.
