David Tuesta
Perú21, 13 de noviembre del 2025
“No se trata de recortar por recortar, sino de volver a un marco responsable que financie educación, salud e infraestructura”, manifestó David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad.
La estabilidad fiscal es uno de los pilares que sostienen el grado de inversión del Perú y con ello la posibilidad de tener un verdadero crecimiento sostenido. Esto no es un tecnicismo: es lo que evita que las tasas de interés se disparen y que el país pueda financiarse a costos razonables. Cuando este pilar se debilita, aumentan el riesgo, el costo del crédito y cae la inversión. Eso es lo que está en juego hoy. Pero nuestros políticos parecen no entenderlo.
En ese marco, el reciente anuncio del MEF de un ahorro de S/1,200 millones parece un paso correcto. El Decreto de Urgencia 008-2025 busca transmitir disciplina para cumplir la meta fiscal de 2025. Pero se trata más de una foto que de una película real de consolidación. Ese ahorro solo cubre los dos meses que quedan del año: un parche temporal, útil, pero insuficiente para revertir la terrible senda fiscal que se viene a partir del próximo año, que se constituye en una verdadera película de terror.
El Congreso ha aprobado 229 leyes con impacto fiscal negativo, más de tres veces el promedio histórico. Solo dos normas —la bonificación docente y el incremento del Foncomun— suman casi S/50,000 millones anuales. Esta cifra, por sí sola, pulveriza cualquier esfuerzo aislado de austeridad.
En paralelo, proliferan exoneraciones que erosionan ingresos y gastos sin financiamiento. Por eso el país incumplió la meta fiscal en 2023 y 2024, alcanzando un déficit de 3.5% del PBI, el más alto desde 1992. Con lo ya aprobado, cumplir la meta de 2025 será extremadamente difícil.
Por ello se requiere una política de austeridad sostenida, no un ajuste táctico de fin de año para la foto. El Ejecutivo debería extender las medidas hasta julio, cuando culmine su mandato. Si hoy se ahorran S/600 millones al mes, la extensión generaría S/3,600 millones adicionales. Pero el país necesita más ambición: es perfectamente posible alcanzar S/1,000 millones mensuales recortando compras públicas, consultorías, gasto administrativo y asignaciones no esenciales. Hay que ponerle más ambición.
Adicionalmente, un ajuste serio desde el Ejecutivo le daría autoridad para exigir responsabilidad al Congreso y detener la sangría fiscal. Además, deberían evaluarse medidas más profundas, como las aplicadas en crisis previas: congelamientos salariales en el sector público o contribuciones temporales solidarias, como la de 1999. Esto es relevante cuando los salarios públicos han crecido 10% reales desde 2019, mientras que los del sector privado aún están 2% reales por debajo de niveles prepandemia. Es un desequilibrio fiscal y una inequidad evidente.
Si el Perú quiere mantener su grado de inversión, recuperar confianza y reactivar el crecimiento, la austeridad no puede ser simbólica ni temporal. De lo contrario, el país enfrentará déficits mayores, más deuda y menos inversión pública. No se trata de recortar por recortar, sino de volver a un marco responsable que permita financiar educación, salud e infraestructura. Por ello, el Ejecutivo debe comenzar dando el ejemplo.
