David Tuesta
Perú21, 5 de febrero del 2026
«En el eventual caso de que Petroperú requiera negociar con los acreedores y presenten un plan creíble de reestructuración, estos evaluarán racionalmente si prefieren reestructurar o litigar».
La situación financiera de Petroperú debe analizarse con rigor. La empresa enfrenta tres frentes de obligaciones: (i) pasivos de corto y mediano plazo con proveedores, contratistas y trabajadores; (ii) deuda financiera de largo plazo —bonos internacionales y créditos estructurados—; y (iii) pérdidas operativas recurrentes que han debilitado su patrimonio y su capacidad de cobertura de intereses. Esta combinación es típica de un problema de solvencia corporativa, no de finanzas públicas.
Que Moody’s haya endurecido recientemente su calificación resulta, como mínimo, tardío y extraño. Los fundamentos de riesgo eran visibles hace tiempo: gobierno corporativo politizado, directorios designados sin criterios técnicos consistentes, alta interferencia política y un perfil de apalancamiento elevado. Cuando la gobernanza es débil y la disciplina financiera es laxa, el riesgo de no pago aumenta. Por tanto, cuando se adquirieron los bonos o financiaron a la empresa, lo anterior estaba en los estados financieros y en la estructura institucional de la empresa.
La deuda de Petroperú no es deuda soberana. Los bonos fueron emitidos por una empresa, bajo su propio riesgo crediticio. El concepto de “cuasi soberano” es pura jerga de mercado. Sirve para describir “expectativas de apoyo”, pero no crea obligación alguna para el Estado. Los inversionistas sabían —o debían saber— que compraban deuda de una empresa estatal con gobernanza frágil y fuerte exposición política. Aceptaron ese riesgo a cambio de mayores rendimientos. Eso es la prima por riesgo. Pretender ahora trasladar esa decisión privada a los contribuyentes constituye un caso de libro de texto de riesgo moral: privatizan las ganancias, pero quieren socializar las pérdidas.
Tampoco sería un hecho extraordinario que una empresa renegocie con sus acreedores si es que Petroperú tuviera que hacerlo.
Así, en el eventual caso de que Petroperú requiera negociar con los acreedores y presenten un plan creíble de reestructuración, estos evaluarán racionalmente si prefieren reestructurar o litigar. Lo que no corresponde es asumir que el Tesoro debe intervenir por defecto. El acreedor debe tener muy claro que el Tesoro aquí no tiene nada que hacer. Su contraparte es Petroperú. Punto.
Desde la perspectiva fiscal, marcar ese límite es saludable. La teoría de pasivos contingentes señala que cuando el Estado internaliza de manera automática las deudas de sus empresas, aumenta el riesgo soberano y se debilita la disciplina presupuestaria. Pero, cuando se deja claro que cada empresa pública responde por sus obligaciones, se convierte en una excelente señal de reducción del riesgo moral y que el Perú fortalece su credibilidad macrofiscal.
En síntesis, los bonos de Petroperú no son bonos del Tesoro. Son instrumentos de riesgo corporativo. Quien los compró lo hizo con plena información sobre la debilidad institucional de la empresa y sin garantía estatal. La responsabilidad de pago es, estrictamente, de Petroperú. No del Tesoro. No de los contribuyentes.
