David Tuesta
Perú21, 17 de abril del 2025
«El desarrollo del sistema de ductos en el sur genera además un efecto de red: acerca el gas a otras regiones».
El acceso al gas natural (GN) ha sido una promesa largamente incumplida para muchas regiones del país. Cusco, a pesar de ser la cuna de Camisea, sigue sin contar con un suministro estable, eficiente y accesible. Este es un contrasentido económico y político. Sin embargo, hoy se presenta una oportunidad realista y financieramente viable para corregir esa distorsión histórica, a partir del proyecto denominado Extensión Sur, una infraestructura propuesta para conectar Humay (Ica) con Ilo (Moquegua), e incluir ramales hacia Arequipa y Mollendo.
Este proyecto, que alcanza los 923 kilómetros de gasoducto, es autofinanciado, lo cual lo convierte en una rara avis dentro de la historia reciente de la infraestructura energética peruana. En lugar de competir por los escasos fondos públicos, libera espacio fiscal que puede ser usado para atender regiones postergadas como Cusco. Esa es su principal virtud.
Esta obra permite que las centrales térmicas del Nodo Energético del Sur usen GN, con lo que se generarán hasta 1,500 MW adicionales de energía eléctrica eficiente. Esto no solo contribuirá con la seguridad energética, sino que permitirá reducir costos para el sistema eléctrico nacional. En paralelo, hogares, industrias, comercios y el transporte vehicular podrían ver reducciones de hasta un 50% en su gasto energético.
El desarrollo del sistema de ductos en el sur genera además un efecto de red: acerca el gas a otras regiones. Como ha sucedido en todas partes del mundo, la infraestructura troncal es la precondición para la distribución regional. En este caso, el ducto puede facilitar que concesionarios lleven gas a ciudades intermedias y zonas de difícil acceso, acelerando la masificación sin necesidad de asumir nuevos proyectos estatales costosos o inviable en el corto plazo.
Desde el punto de vista técnico y regulatorio, la obra crea condiciones más favorables para que Cusco tenga una solución específica, que el Estado podrá definir con base en criterios de costo-eficiencia, oportunidad y factibilidad. Algunas de esas opciones —como el proyecto de distribución “7 regiones”, un ducto de menor escala o incluso un subsidio al GLP— ya están en discusión.
Lo que sí parece fuera de discusión es la inviabilidad del proyecto SIT Gas, el cual permanece empantanado por procesos arbitrales y nulo interés privado en asumir estudios de preinversión. Pretender que esta vía se reactive en el corto plazo es políticamente cómodo, pero técnicamente insostenible.
En economía de la infraestructura, el timing es casi tan importante como la estructura de financiamiento. Postergar decisiones, en un contexto de urgencias energéticas y restricciones fiscales, equivale a elegir la inacción como política pública. Y eso es lo que debe evitarse. Por ello, es necesario reconocer que el proyecto de Extensión Sur representa una de las pocas soluciones estructurales, no subsidiadas y técnicamente maduras que pueden activarse en el sur.
El sur del Perú necesita energía asequible, confiable y sostenible. Esta puede ser la primera piedra de ese camino.
