—¿Cómo se explica esta situación cuando hemos pasado por 10 años de inestabilidad política?
Porque hemos hecho nuestra tarea en las décadas previas con el señor Fujimori. Luego, mal que bien, con todos sus problemas durante el período de Toledo hasta Alan García, y eso ha permitido consolidar los fundamentos de competitividad que tiene que tener el país. Una política monetaria estable, con un Banco Central que durante los últimos 20 años, con Julio Velarde, ha tenido la inflación controlada. Hemos acumulado reservas internacionales por encima de los US$100.000 millones. La parte fiscal ha resistido, a pesar de todos los embates del Congreso. Estos dos elementos, el monetario y el fiscal, han permitido dar una certeza que difícilmente se encuentra en el vecindario latinoamericano. Todo esto ha ayudado a mantener un nivel de crecimiento razonable. De lo único que tenemos que lamentarnos en este período de precios internacionales altos es no haberlos aprovechado.
—El miércoles, Julio Velarde le decía a Keiko Fujimori que, si bien el panorama es bueno, El Niño nos va a golpear. Según él, “tal vez las cifras que vamos a ver en los próximos meses no sean tan buenas y derivan de un fenómeno natural que ya lo estamos viendo”. Uno puede hacer prevención y obras de mitigación, pero ¿cómo se hace la prevención en lo económico?
El fenómeno de El Niño (FEN) te causa problemas en dos tiempos. El primero es cuando afecta directamente a actividades extractivas que dependen del clima, como la pesca y agricultura. Ese es el primer golpe que experimenta la economía y hoy ya estamos experimentando los efectos negativos. Tenemos una caída del sector pesquero de casi 80% porque no ha habido la primera temporada de pesca, muy probablemente tampoco habrá segunda. Con eso vas a tener un efecto de casi 1% de caída del PBI que le vas a tener que restar al nivel de crecimiento actual. Luego, tienes la agricultura. El crecimiento de este mes ha sido bastante magro. Ya hay alertas de algunos exportadores que las cosechas de palta y arándanos podrían verse sentidas.
—Y el Perú es la estrella de esos dos productos…
La segunda etapa de golpe a la economía viene por los desastres, los que generan efectos transversales. Porque paran las infraestructuras, la logística y empiezan a haber problemas de productos agrícolas. La inflación se puede ver golpeada. Basta revisar cuáles han sido los efectos históricos de Niños en el pasado. En 1983, el golpe que significó a la economía fue cuatro puntos del PBI. Actualmente, pese a que el sector pesquero se ha visto golpeado, el resto de los sectores está bien. El sector manufacturero no primario está creciendo más de 5%, construcción alrededor del 4%. La demanda interna viene muy bien. Con un buen efecto de confianza podríamos tener, a pesar de El Niño, un escenario importante. Además, en términos políticos, cuando hacemos una revisión de la popularidad de los presidentes, los FEN, en la mayoría de los casos, han sido una oportunidad para que el gobierno demuestre que está presente. Con Fujimori, la aprobación presidencial subió en siete puntos porque estuvo presente, con PPK subió en casi 12 puntos.
—Tener la inflación más baja de América Latina se lee fácil. ¿Es así?
Es un trabajo que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Ese costo lo tiene el peruano en su ADN y eso ha evitado que, por ejemplo, Perú Libre en el año 2021 haya hecho más desastres de lo que probablemente hubiera querido hacer, con su ideología detrás.
—Y las expectativas del peruano están en el gobierno entrante.
Por eso, en las buenas expectativas de inicio del nuevo gobierno hay un riesgo importante. Voy a ponerlo en términos mundialistas: tienes un estadio lleno, eufórico, esperando que la selección golee, pero si no llegan los goles puede haber mucha decepción.
—A eso hay que sumarle el fallo del TC que regula la iniciativa de gasto del Congreso, pero no le cierra del todo la puerta…
El fallo del TC hay que leerlo en dos tiempos. Primero, te va a permitir irte contra todas las leyes que se han aprobado hasta ahora, porque ninguna ha cumplido con los supuestos que está planteando hoy el TC, que son contar con un marco regulatorio, y decir cómo hacer el proceso de coordinación y sustentación ante el MEF respecto a la sostenibilidad fiscal. Esos dos elementos no existen en ninguna de las normas que se han aprobado. Entonces, se entiende que el TC estaría diciendo: “Ven y presenta tu demanda, que tienes todo para ganar”. Y ahí hay un deber moral de Fuerza Popular de presentar esas demandas.
—Sin embargo, queda todavía una ventana abierta, pues se pueden aprobar leyes que generen gasto en caso de emergencia social. ¿Quién determina qué es una emergencia social?
Ese es el riesgo, esa es la ventana que queda todavía por solucionar. O ver qué pasa de acá para adelante. Pero tratemos, porque hay normas como la ley de pensiones a los maestros que pueden replantearse ante el TC. Son 8.000 millones de soles. La cédula viva de los maestros les da una pensión mínima de 3.500 soles que te cuestan anualmente 8.000 millones y tienes la cédula viva de los militares, la ley de las universidades, la del CAS. Entonces, parando eso, este gobierno podría tener cierto respiro en la parte fiscal.
—¿Cómo se replantea eso sin arriesgarse a la convulsión social?
Ese es un tema importante, pero creo que también es importante plantear. Uno puede entender que hay demandas sociales, deudas históricas, pero una deuda social histórica no se puede singularizar a un sector en desmedro de toda la población, porque es inequitativa. ¿Quién en el Perú tiene una pensión mínima de S/3.500? Eso es una desigualdad e inequidad absoluta.
—En una entrevista, Luis Carranza nos dijo que en un gobierno de Fuerza Popular no iban a derogar de arranque estas normas, pues querían evitar el conflicto social, y que podrían haber recursos para cubrir esas expectativas.
Se tiene que estar convencido de que una ley como esta es insostenible fiscalmente, porque se puede seguir actualizando el sueldo de los maestros –y eso no es inconstitucional–, pero automáticamente te eleva la pensión mínima. Ya no hablemos solo de números, nadie en el Perú tiene cédula viva. Entonces, si quieres plantear algún tipo de derechos o deudas sociales para algún sector, incluidos los maestros, lo que no puedes incorporar es un régimen de cédula viva, porque al final tú le planteas el mismo derecho al resto del país. Sin duda hay un elemento político que hay que saber cómo se gestiona y se modera.
—Ante este panorama de que hay dinero, ¿puede tener el próximo Ejecutivo una tentación populista?
Todo depende de si logras el espacio fiscal. Si este gobierno logra contener o mitigar el efecto de esas normas anticonstitucionales aprobadas en el Congreso a través de demandas constitucionales, entonces sí se podrían utilizar recursos y capital provenientes de ese dinero que has ahorrado para tratar de atender determinadas deudas sociales de sectores realmente marginados. Hay regiones del país que están con niveles de pobreza de alrededor del 40%. Si tuviera que utilizar capital para ampliar el programa Juntos serían recursos bien invertidos; ampliar su cobertura, incrementar su nivel de recursos bimensuales, se podría hasta duplicar sin problema. Si logras contener estas pensiones para los militares y maestros, y utilizarlo e invertir en capital social para estos segmentos, sería una excelente medida y debería hacerse. Porque la próxima elección no la contamos. Si ves las estadísticas, los distritos que tienen los niveles de pobreza más altos han votado por Juntos por el Perú, y los distritos con menos tasa de pobreza votan por Fuerza Popular. Si duplicas el Programa Juntos e incluyes no solamente extrema pobreza, creo que se podría bajar la tasa de pobreza en promedio de 25% al nivel prepandemia de 20%, en año y medio. Pero es importante tratar de conseguir los ahorros, si no ahí sí sería populista.
—¿Cómo entender que el crédito suplementario solo tenga un 4% para el fenómeno de El Niño y mucho gasto corriente?
Son 300 millones de soles para El Niño. Tienes un crédito suplementario de más de 9.000 millones de soles de los cuales unos 3.000 millones son para gasto corriente. Es un crédito suplementario de espaldas a las prioridades que requiere el país.
—Y es el MEF el que lo plantea…
Un MEF arrinconado, amenazado. Es un poco avergonzante esa situación para un Ministerio de Economía y Finanzas que debe ser el defensor de las arcas fiscales. Cerca de 6.000 millones de soles han sido destinados a obras que no son prioritarias, que no tenían iniciativa en el presupuesto anterior. ¿Cómo de pronto algo que no existía como proyecto aparece de la noche a la mañana para que le pongas un poquito de dinero?
—¿Manejo político?
Elecciones que se aproximan, alcalde que postula como teniente alcalde, los del mismo partido que ahora entra otro y quiere que la obra se siga haciendo, deudas, favores que hay que pagar, porque ninguna de estas obras que se está poniendo dinero va a cambiarle la vida a ningún poblador del país. Si realmente la prioridad fuera la población, deberían preocuparse en terminar obras, no en iniciar obras, en dejarlas a medias. Un hospital que no se concluye, así está el 95%, no sirve. El hospital sirve cuando está al 100%. Llama muchísimo la atención de que se metan alrededor de 500 millones de soles a pocos días que entre un nuevo gobierno.
“Con un trabajo serio de simplificación despertará la inversión privada”
—Keiko Fujimori ha dicho que instalará una nueva manera de gestionar, con metas a los ministerios. ¿Esto es viable y cómo el ciudadano puede estar al tanto?
La ciudadanía no tiene capacidad de conocer, de monitorear lo que está haciendo el Estado. El Estado tampoco tiene la capacidad para asegurar, por más buena intención que tenga, que toda esa comunicación llegue al ciudadano. Yo creo que ahí existe un espacio donde debemos intentar aprovechar la tecnología, las redes, para plasmar de manera concreta cuáles son esas metas que le van a cambiar la vida al ciudadano. En el tema de obras, el Estado es un pésimo ejecutor. El Consejo Privado de Competitividad viene haciendo un seguimiento a las obras de los últimos 15 años, y podemos ver que más de la mitad de esas obras quedan abandonadas y hay un 15% de obras a punto de ser paralizadas. Y solamente llegan a ser concluidas un 20%. Entonces, se ha desperdiciado dinero. El 60% de la inversión pública se realiza a través de municipios y gobiernos regionales. Entonces, sería relativamente fácil tratar de buscar la conexión entre obra del gobierno regional y la ciudadanía. Pero se requiere un trabajo serio respecto a cómo monitorear y asegurar que esos municipios realmente rindan cuentas al ciudadano. Cuando le preguntas al ciudadano por qué no se termina la obra, terminan echándole la culpa al gobierno central y el principal ejecutor pasa piola.
—El ciudadano de cualquier parte del país siempre va a mirar al Gobierno Central.
El sector minero destina gran parte de los recursos a distritos que paradójicamente tienen los mayores niveles de pobreza, y eso va contra el trabajo y esfuerzo del sector privado en minería, pagan un montón, pero el que tiene que hacer la obra no la hace.
—¿Cuáles cree que deberían ser los ejes principales del mensaje del 28 de julio?
Primero, predictibilidad. Entiendo que Fuerza Popular conoce la importancia de la inversión privada para generar crecimiento, empleo y bienestar. Tienes que generar las condiciones para que la inversión venga con fuerza. Por ejemplo, en el sector minero, hay una cartera de inversión de más de US$60.000 millones. Entonces, se debería analizar cuáles son los cuellos de botella que están limitando esas inversiones. Hay que buscar un esquema rápido que permita que esas inversiones se plasmen en el aparato productivo. Y todo esto lo sufren los peruanos en todos los niveles, a escala municipal, con supervisiones a veces injustas y surrealistas. Hay que hacer un trabajo serio de simplificación para despertar la inversión privada. El segundo eje es la seguridad, que es una de las principales preocupaciones de los peruanos, y el otro elemento es el fenómeno de El Niño. Y también hay que dar una señal a esa mitad del país que no votó por ellos y que son la población de mayor pobreza.
