David Tuesta
Gestión, 14 de mayo del 2026
La caída de la natalidad y el aumento de la población adulta mayor obligan a replantear la agenda económica más allá del corto plazo político.
El Perú está entrando a una nueva etapa demográfica que tendrá implicancias económicas tan profundas como las grandes reformas estructurales de las últimas décadas. Durante buena parte del siglo XX y comienzos de este siglo, el país se benefició de una combinación excepcional: una población joven, una rápida expansión de la fuerza laboral y una menor carga relativa de dependientes. Esa transición permitió sostener parte importante del crecimiento económico observado en las últimas décadas. Pero esa ventaja comienza a agotarse. El problema es que el país enfrenta esta nueva etapa —marcada por menor crecimiento poblacional y envejecimiento acelerado— sin haber consolidado todavía los niveles de productividad, formalidad y ahorro propios de una economía desarrollada. Ahí reside el verdadero riesgo de envejecer antes de hacernos ricos.
Cifras adelantadas del último Censo del INEI muestran la magnitud de esta transición. La población peruana pasó de 7 millones de habitantes en 1940 a 35 millones en 2026, aunque con una desaceleración sostenida de su crecimiento: de una tasa anual de 2,8% en 1961 a apenas 0,8% hoy, proyectándose que caerá a 0,3% hacia 2050. Más aún, las proyecciones indican que el país alcanzará un máximo cercano a 40 millones de habitantes hacia 2061, para luego empezar a disminuir. Paralelamente, la fecundidad cayó a 1,8 hijos por mujer —por debajo de la tasa de reemplazo en varias zonas del país—, la supervivencia mejoró drásticamente —de uno de cada seis fallecimientos tempranos a uno de cada ochenta— y la esperanza de vida a los 60 años supera ya las dos décadas adicionales. A ello se suma una transformación territorial igualmente profunda: mientras en 1940 solo 35% de la población vivía en ciudades, hoy cerca del 80% es urbana.
En el Perú, la ventana del bono demográfico se estima aproximadamente entre 2005 y 2045, medido a través de la tasa de dependencia. Foto: GEC
Estas transformaciones no son solo estadísticas poblacionales; tienen profundas implicancias económicas. Detrás de ellas se encuentra el llamado bono demográfico, fenómeno que surge cuando cae la tasa de dependencia —es decir, cuando aumenta la proporción de población en edad de trabajar respecto de la dependiente— generando una ventana favorable para el crecimiento. Esto es porque en términos económicos, el ingreso per cápita puede aumentar por dos vías: porque cada trabajador produce más —productividad— o porque aumenta la proporción de trabajadores dentro de la población total. Si bien el bono actúa sobre este segundo componente —menos dependientes por trabajador, mayor capacidad agregada de producción, ahorro e inversión— el crecimiento sostenible depende finalmente de la productividad.
Y aquí aparece la principal lección del caso peruano. Las reformas económicas de los años noventa y de la primera década de este siglo sí permitieron aprovechar razonablemente esta ventana demográfica. La estabilidad macroeconómica, la apertura, el fortalecimiento del sistema financiero y una mayor inversión privada permitieron combinar el efecto aritmético del bono con mejoras de productividad. Esa interacción explica buena parte del fuerte crecimiento observado durante ese periodo y la importante reducción de pobreza que lo acompañó. En otras palabras, el Perú sí aprovechó parcialmente su bono demográfico.
Sin embargo, desde aproximadamente 2011 esa trayectoria comenzó a debilitarse. Las reformas orientadas a elevar productividad se estancaron y, en varios casos, retrocedieron. La informalidad siguió siendo dominante, el capital humano avanzó lentamente, la calidad institucional se deterioró y la incertidumbre regulatoria comenzó a afectar la inversión. Mientras varias economías emergentes de Asia continuaron usando su bono demográfico para sofisticar su estructura productiva y acelerar ganancias de productividad, el Perú empezó a desaprovechar progresivamente esa oportunidad.
El problema es que la ventana demográfica tiene fecha de vencimiento. En el Perú, la ventana del bono demográfico se estima aproximadamente entre 2005 y 2045, medido a través de la tasa de dependencia. Esta cayó desde niveles superiores a 100% en los años sesenta a alrededor de 60% a inicios de este siglo. Hoy se ubica cerca de 61%, pero las proyecciones indican que superará el 66% —el umbral límite del bono demográfico— hacia 2045, marcando el fin de esta etapa favorable. Nos queda poquísmo tiempo.
Lo que viene es precisamente el riesgo clásico de “envejecer antes de hacerse rico”: menos población en edad de trabajar, más adultos mayores y mayores presiones sobre sistemas de salud y pensiones todavía frágiles. La población mayor de 60 años, que representaba apenas 5,7% del total en 1950, alcanza hoy cerca de 14,6% y superará 24% hacia 2050. Esto implicará más gasto en salud, mayor demanda de sistemas de cuidado y mayores presiones fiscales en una economía donde la informalidad sigue siendo elevada y la base contributiva continúa siendo limitada.
Por eso, la discusión de fondo no es demográfica, sino de competitividad. El Perú todavía tiene aproximadamente una década y media para transformar esta ventana poblacional en productividad sostenible. Eso exige retomar reformas orientadas a la formalización laboral, fortalecer el ahorro previsional, mejorar la calidad del capital humano, elevar la eficiencia del Estado y recuperar condiciones que incentiven inversión y acumulación de productividad. La política vive atrapada en el corto plazo mientras la demografía avanza lentamente, pero sin pausa. Y precisamente porque estos procesos son graduales, cuando sus efectos se vuelven plenamente visibles, las posibilidades de corrección son mucho menores. El Perú todavía está a tiempo. Pero no por mucho tiempo más.
