David Tuesta
Perú21, 19 de febrero del 2026
«Las proyecciones de Naciones Unidas muestran que el Perú se encuentra cerca del punto máximo de su bono demográfico».
Durante las últimas décadas, el Perú ha experimentado una transformación económica y social significativa. Ha operado un motor profundo y silencioso que explica buena parte del progreso observado: el bono demográfico.
Se denomina bono demográfico al fenómeno que se produce cuando la proporción de población en edad de trabajar crece más rápido que la población dependiente (niños y adultos mayores). En ese contexto, aumenta la fuerza laboral potencial, se eleva el ingreso por hogar y se genera un impulso sostenido al ahorro, al consumo y a la inversión.
Este proceso se repotenció gracias a coincidir con un entorno de estabilidad macroeconómica y apertura que permitió capitalizar esa ventana de oportunidad. El resultado fue una expansión sostenida de la clase media. Según el Banco Mundial, la proporción de peruanos en clase media pasó de alrededor del 15% en 2004 a cerca del 50% en la actualidad.
El impacto económico ha sido evidente. El crecimiento del consumo privado, la expansión del crédito, el auge inmobiliario y el dinamismo de los servicios están directamente vinculados a la consolidación de millones de hogares con ingresos más estables y expectativas de movilidad social.
Pero este factor silencioso tiene fecha de vencimiento. Las proyecciones de Naciones Unidas muestran que el Perú se encuentra cerca del punto máximo de su bono. La proporción de población en edad de trabajar comenzará a estabilizarse en esta década y empezará a reducirse gradualmente hacia la década de 2040. Paralelamente, el envejecimiento se acelerará: la población mayor de 65 años, hoy cercana al 9%, superará el 16% hacia 2050.
El problema es que el país no parece estar preparando la transición. Cuando el crecimiento de la fuerza laboral se desacelere, el motor del crecimiento tendrá que ser la productividad. Sin embargo, el Perú mantiene niveles de informalidad cercanos al 70%. Si existiera un consenso de largo plazo, al menos cuatro prioridades deberían guiar la agenda. Primero, una reforma laboral que reduzca los costos de la formalidad y permita incorporar a millones de trabajadores antes de que la ventana demográfica se cierre. Segundo, una transformación profunda del sistema educativo y de formación técnica, orientada a elevar la calidad del capital humano. En tercer lugar, se debe enfatizar el desarrollo de un sistema previsional sostenible y de amplia cobertura. Y, finalmente, una agenda decidida de aumento de la productividad que permita compensar el menor crecimiento de la fuerza laboral.
El tiempo para emprender estas tareas apremia. Lamentablemente, las prioridades en el país están de cabeza.
