David Tuesta
El Comercio, 3 de agosto del 2024
De acuerdo con el presidente del Consejo Privado de Competitividad, el anunciado incremento de la remuneración mínima vital es, paradójicamente, una de las políticas laborales de mayor exclusión social.
Decía Mark Twain que “es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada”. Lo anterior bien puede ser aplicado a la política del salario mínimo en el Perú (remuneración mínima vital, RMV). Es cierto que la mayoría de países en el mundo han convertido un deseo en un derecho. Claro, ¿quién puede querer una sociedad donde a un trabajador se le pague menos de lo que su valor agregado merece, fruto de una relación asimétrica en la que este queda en desventaja? El problema, sin embargo, está cuando el deseo u objetivo se transforma en una política de control de precios elevada a derecho, con serios efectos colaterales.
El “derecho monetario” que la ley establece en favor de unos, y que otros deberán pagar tendría que guardar, al menos, un criterio justo en ambos lados de la ecuación. Si la RMV, por ejemplo, obliga a un pago superior a la contribución del trabajador en el proceso productivo, las distorsiones económicas se generarían automáticamente. Habrá empresas que podrán pagar sin problema esa RMV porque son empresas altamente productivas. Las otras que son menos productivas, en cambio, no estarán en capacidad de hacerlo por lo que se verán ante la decisión de perder dinero, cerrar la empresa o contratar informalmente. Y siendo el Perú un país de muy baja productividad es hacia donde nos ha llevado el ‘engaño’ del salario mínimo desde hace bastante tiempo. Según datos oficiales, la informalidad supera el 70%.
El Banco Mundial y el BID, en varios de sus reportes para la región, han coincidido en que la combinación de contribuciones sociales, beneficios obligatorios y un salario mínimo relativamente alto en relación con la productividad desalienta la formalización del empleo. Así, aplicar hoy un incremento de la RMV en el Perú, en un tejido productivo extremadamente atomizado e informal, con empresas de bajísima productividad, solo puede ser una política laboral socialmente excluyente que llevará indefectiblemente a mayor informalidad. Esta atomización se expresa en el hecho de que el 96% de las firmas en el Perú son microempresas con un ratio de productividad menor al 6% del que tienen las grandes empresas. Y estas empresas de poco tamaño que concentran más del 70% del empleo son justamente las que se verán afectadas con el anunciado incremento de la RMV.
¡El BID (2017) señalaba que el costo no salarial en el Perú representaba más del 100% del salario que se paga en el sector informal! Indicaban también que el costo mínimo para contratar a un empleado formal en el Perú representa el 44% del PBI por trabajador. Costo elevado al compararse con Chile (20%), Colombia (33%) y México (12%). Y si nos concentramos en la RMV, esta en el Perú representa el 26% del PBI por trabajador; otra vez por encima del ratio de los mismos países mencionados.
Con toda la evidencia apabullante, la frase de Twain mencionada al inicio retumba con estridencia. ¿Cómo podemos seguir aceptando el engaño de que incrementar la RMV es bueno para el bienestar de los peruanos? Una medida excluyente que nos va empujando cada vez más a una menor productividad, desempleo, informalidad, y la pobreza no puede ser recibida entre aplausos.
