David Tuesta
Perú21, 11 de diciembre del 2025
«Tradicionalmente, se ha priorizado el nivel de gasto y la ejecución presupuestal, pero la economía moderna demanda concentrarse en la productividad del gasto».
La lógica parece intuitiva: más gasto en infraestructura debería traducirse en una economía más productiva, mayor bienestar ciudadano y crecimiento sostenido. Sin embargo, los resultados en el Perú han sido decepcionantes. La evidencia confirma que el Gobierno invierte más, pero no obtiene los beneficios esperados: la economía no captura retornos y la ciudadanía no percibe mejoras en servicios básicos. El Informe Ronin documenta esta paradoja y advierte que la ineficiencia en la inversión pública equivale a tres años de gasto desperdiciado, con proyectos paralizados o de bajo impacto.
Desde la teoría económica, la inversión pública cumple múltiples funciones: estabiliza la demanda agregada en recesión y, cuando es de calidad —carreteras, puertos, conectividad digital, riego—, eleva la productividad del capital privado, aumenta la competitividad y dinamiza el comercio. La infraestructura eficiente genera efectos multiplicadores al reducir costos logísticos, integrar mercados y estimular la diversificación productiva. Pero la inversión solo genera crecimiento si produce capital útil y sostenible; cuando se acumula infraestructura que no funciona, no existe como capital económico.
El Informe Ronin muestra cifras alarmantes: cerca del 50% de los proyectos ejecutados desde 2012 está paralizado o abandonado, con un valor equivalente a 17.3% del PBI. Esto implica costos hundidos en tiempo, dinero y confianza ciudadana, y revela que la descentralización ha incentivado la atomización del gasto: el 66% de los proyectos no supera el millón de soles, por lo que no alcanzan la escala necesaria para generar impacto social.
Este diagnóstico exige cambiar el enfoque fiscal. Tradicionalmente, se ha priorizado el nivel de gasto y la ejecución presupuestal, pero la economía moderna demanda concentrarse en la productividad del gasto. Países asiáticos lo entendieron temprano: no basta con construir escuelas, sino asegurarse de que funcionen, estén equipadas y eleven el capital humano. En economía pública, un sol gastado no es necesariamente un sol invertido; la inversión de baja calidad es “consumo disfrazado” y puede afectar negativamente el crecimiento potencial.
De allí que el reto no sea gastar más, sino gastar mejor. El Ministerio de Economía debe reformar la programación presupuestaria, asegurar continuidad plurianual, mejorar expedientes técnicos, fortalecer competencias municipales y crear un sistema de monitoreo de calidad de inversión. Sin capital público eficiente, el sector privado pierde incentivos para invertir, se debilita la productividad total de los factores y se erosiona el crecimiento de largo plazo. Si el Perú quiere retomar su trayectoria de convergencia, debe reemplazar la obsesión por ejecutar por una obsesión por transformar. La calidad, y no el volumen, debe ser el nuevo criterio rector de la inversión pública. ¿Lo hará el gobierno que llegue en julio de 2026?
