David Tuesta
Perú21, 30 de noviembre del 2024
«El mayor culpable de este deterioro es un Estado inoperante»
La vida del peruano promedio está marcada por dolencias que no solo provienen de la economía, sino de un Estado que parece incapaz de atender sus responsabilidades más básicas. Durante los años de auge económico, logramos reducir la pobreza de manera significativa. Sin embargo, desde entonces, la historia ha sido otra. El crecimiento potencial ha disminuido, la productividad ha retrocedido, y los avances en competitividad nos colocan en los últimos lugares del ranking global.
El mayor culpable de este deterioro es un Estado inoperante. En solo cuatro años, el desempeño del aparato estatal ha caído 15 puestos en los índices internacionales. Y esta ineficiencia afecta directamente a los ciudadanos, quienes señalan tres preocupaciones principales: la delincuencia, la corrupción y la falta de crecimiento económico.
El crimen ha tomado las calles. Robos, extorsiones y secuestros se han multiplicado. El caso más alarmante es el crecimiento del robo a negocios, que ha aumentado en más del 200% en solo dos años. A pesar de que el presupuesto para el orden interno ha crecido un 21% desde 2021, la delincuencia sigue aumentando (56%).
En paralelo, la corrupción estatal socava recursos esenciales. Este lastre no solo drena dinero, sino también confianza, afectando la implementación de políticas públicas clave.
La falta de políticas claras para fomentar la inversión y el empleo formal es evidente. La sobrerregulación laboral, la burocracia excesiva y la falta de formación adecuada han empujado a los peruanos hacia el subempleo, que ha crecido un 41% en el último quinquenio. Mientras nuestros vecinos han recuperado el terreno perdido por la pandemia, Perú ha incrementado su tasa de pobreza en 9 puntos, generando 3 millones de nuevos pobres.
En educación, los resultados son trágicos: el 90% de los estudiantes no alcanzan competencias básicas en matemáticas, mientras que el 71% de los colegios no tiene acceso a servicios básicos. Peor aún, se están incorporando docentes sin las competencias mínimas necesarias debido a evaluaciones facilitadas.
En salud, la anemia infantil afecta al 33.4% de los niños, y la infraestructura sanitaria es inadecuada en casi el 100% de los establecimientos. Aunque el presupuesto ha crecido, los resultados no muestran mejora.
Reparar el Estado es una tarea titánica, pero urgente. Esto implica fortalecer la gestión pública y fomentar una verdadera alianza con el sector privado. ¿Por dónde empezar? Comencemos por destrabar los proyectos mineros que tienen un potencial de inversión de US$55 mil millones bloqueados por la burocracia, que podrían generar 245,000 empleos y elevar el PBI en 0.5% por año. Empezar a abordar el problema del crimen con más policías en las calles, sacando al 20% de los policías de tareas administrativas y reducir barreras económicas de ingreso a la carrera policial. Y en Educación y Salud, reforcemos las evaluaciones, incentivar la telemedicina y promover asociaciones público-privadas como el caso exitoso del Hospital Barton.
La desesperación de los ciudadanos podría llevarnos por caminos peligrosos. Para evitarlo, necesitamos un Estado funcional que atienda las dolencias ciudadanas con eficiencia y responsabilidad. El tiempo apremia.
