David Tuesta
El Comercio, 19 de julio del 2025
Pocas veces la irresponsabilidad fiscal ha sido tan evidente como entre el 2021 y 2025, durante los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte. En lugar de aprovechar la salida de la pandemia para reactivar la economía, reducir la pobreza y retomar la senda del buen manejo financiero, optaron por una política de gasto desbordado, errático e ineficiente. Estamos viviendo, sin ambigüedades, una auténtica farra fiscal.
Comencemos por el gasto corriente. De acuerdo con cálculos del Consejo Privado de Competitividad (CPC), este rubro se incrementará en S/ 25.000 millones respecto del 2021. De ese total, S/21.000 millones responden al aumento en planillas y al menos S/1.000 millones a gastos no críticos –publicidad, celebraciones, viajes, consultorías– sin impacto real en los servicios públicos. En conjunto, hablamos de S/22.000 millones en gasto absolutamente prescindible, equivalente al 2% del PBI. Es decir, si ese derroche se hubiera evitado, no habríamos tenido problema en transitar la senda de convergencia del déficit fiscal y, este 2025, el déficit habría cerrado por debajo del 1% del PBI.
Pero la ineficiencia no se limita al gasto corriente. La inversión pública también ha sido víctima del desgobierno. De acuerdo con el CPC, aunque el Perú alcanzó un nivel récord de inversión pública de 5,3% del PBI en el 2024, el mayor de la Alianza del Pacífico, los resultados son vergonzosos. Entre el 2019 y 2024 se destinaron más de S/100.000 millones a sectores claves y, sin embargo, las brechas siguen intactas. Unos S/47.000 millones en transporte apenas aumentaron la red vial pavimentada del 17% al 18%; S/30.000 millones en educación dejaron un retroceso: los colegios públicos con servicios básicos pasaron del 30,8% al 29,4%; S/15.000 millones en salud no movieron el indicador de infraestructura adecuada, estancado en 3%; S/9.000 millones en saneamiento resultaron en una caída de cobertura de alcantarillado del 73% al 71,4%; y S/597 millones en justicia no lograron reducir el hacinamiento carcelario, que se mantiene en 138%. El gobierno ha sido una máquina de desperdiciar recursos públicos.
Y, lamentablemente, en un contexto donde el incremento del sueldo de la presidente es urgente y prioritario, el gobierno insiste en profundizar nuestros problemas fiscales. El aumento progresivo del Foncomún del 2% al 4% –aplaudido por el Ejecutivo– debilita el equilibrio fiscal, presionando a mayor endeudamiento futuro. Y por si fuera poco, se anuncia ahora la reestructuración de la millonaria deuda de PetroPerú con garantía soberana del Tesoro, en un país donde millones de ciudadanos siguen sin agua potable, escuelas seguras ni acceso digno a salud. Un insulto al ciudadano.
Estamos siendo testigos de una de las gestiones fiscales más negligentes de nuestra historia reciente. Sus efectos económicos y sociales dejarán cicatrices profundas. Esta administración ha acrecentado irresponsablemente la frustración de millones de peruanos que siguen esperando seguridad, empleo, servicios esenciales. Y dentro de poco volverán a las urnas, quizá con más rabia que esperanza, en busca de una promesa de bienestar que este quinquenio ha hecho aún más lejana. ¿Por quién votarán?
