David Tuesta
Perú21, 12 de junio del 2025
«Entre 2019 y 2024, la pobreza monetaria subió de 20.2% a 27.6% y los homicidios casi se duplicaron».
Durante más de una década, el Perú vivió con la ilusión del progreso sostenido. Entre 2001 y 2012, el crecimiento del PBI per cápita nos hacía pensar que superaríamos la trampa del ingreso medio. El crecimiento potencial superaba el 5%, impulsado por la productividad. Pero desde entonces, el país perdió el rumbo. Las reformas estructurales quedaron en pausa, la productividad entró en declive y el crecimiento potencial se desinfló. La productividad —el verdadero motor del crecimiento— se volvió negativa. A la par, el Perú cayó 20 posiciones en el ranking de competitividad del IMD desde 2011. Nos volvimos menos aptos para atraer inversión, generar empleo y sostener mejoras en bienestar.
Ese deterioro se refleja en los indicadores sociales. Entre 2019 y 2024, la pobreza monetaria subió de 20.2% a 27.6% y los homicidios casi se duplicaron, de 1,070 a 2,026 al año. En educación, los estudiantes de cuarto de primaria con logros satisfactorios en matemáticas bajaron de 32.4% a 27.1%; en lectura, de 46.4% a 44.1%. Todo esto mientras el gasto en planillas del sector público creció 41% (S/ 23,010 millones adicionales) y el sueldo base docente se duplicó.
Pero el caso más alarmante es la inversión en infraestructura. Entre 2019 y 2024 el Estado ejecutó más de S/100 mil millones. ¿Resultado? Las brechas estructurales no solo no se cerraron, algunas empeoraron. Los colegios públicos con acceso simultáneo a agua, electricidad y saneamiento bajaron de 30.8% a 29.4%. La red vial pavimentada subió apenas de 17% a 18.3%. En salud, solo el 3% de los establecimientos tienen capacidad instalada adecuada, igual que en 2020. En saneamiento, el acceso al alcantarillado cayó de 73% a 71.4%. Literalmente, se han tirado a la basura más del 10% del PBI.
¿La causa? Fragmentación, falta de continuidad y mala planificación. Cada año se inician proyectos sin cerrar los anteriores. Mientras tanto, las APP —una vía para cerrar brechas— avanzan lentas: firmar un contrato toma en promedio 58 meses, tres veces más que en Chile o Colombia. Aquí opinan más actores, con menos coordinación y más trabas. En vez de acelerar, ralentizamos.
Y los pilares de estabilidad macroeconómica también se agrietan. El déficit fiscal llegó a 3.6% del PBI en 2024, incumpliendo la regla fiscal por segundo año. El MEF ya anunció que pedirá elevar el límite del déficit a 2.8% en 2025. Los expertos advierten que es una pésima señal. Perder la disciplina fiscal es como dinamitar el último bastión que sostiene al país.
La ciudadanía lo sabe. De acuerdo con datos de Ipsos, solo 8% de los peruanos cree que el país va en la dirección correcta cuando diez años atrás esta cifra era de 34%. Según el último informe de Latinobarómetro, cerca del 45% no está nada satisfecho ni con la economía ni con la democracia. Es el retrato de un país desorientado y mal gobernado.
La pregunta no es solo “¿a dónde vamos?”, sino, ¿cómo frenamos todo este deterioro? Necesitamos un Estado que rinda cuentas, que administre con eficiencia y que abandone el despilfarro. Exijamos reformas. Exijamos resultados.
