Charo Camprubí
Para Lampadia
España está a la defensiva desde que el pasado jueves el Tribunal de Schleswig-Holstein dejase en libertad bajo fianza a Puigdemont. El Tribunal alemán dictó sentencia en un tiempo record descartando que Puigdemont fuese extraditado a España por el delito de rebelión, aunque queda pendiente la posibilidad de extraditarlo por malversación, es decir, por un delito menor. Eso es justamente lo que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, quería evitar en aras de preservar la unidad del proceso y que todos los líderes independentistas fueran juzgados por los mismos cargos. Ya no podrá ser el caso. El cabecilla queda fuera.
La noticia fue considerada un desastre por el Gobierno ya que si a Puigdemont se le juzga solo por malversación podría mantener intactos sus derechos cívicos y, por lo tanto, presentarse a las elecciones o ser candidato a la Presidencia de la Generalitat, mientras que sus compañeros, acusados de rebelión, estarían suspendidos o inhabilitados de cargos públicos.
Vuelve pues el fantasma de una Cataluña gobernada por Puigdemont, es decir, el peor escenario para el desgastado Gobierno de Rajoy. Puigdemont podría intentar de nuevo su candidatura a distancia o dejar correr el tiempo e ir nuevamente a unas elecciones que posiblemente ganaría. Quienes en su propio partido ya lo estaban sacrificando para que Cataluña volviese a la normalidad, ahora pude que tengan que dar marcha atrás si, como parece, Puigdemont tiene nuevamente la sartén por el mango.
Nadie esperaba que el Tribunal Supremo español recibiese este duro revés ya que la fiscalía alemana acababa de pronunciarse en sentido inverso al considerar que había una equivalencia entre el delito de alta traición alemán y el español de rebelión. Pero ese no ha sido el criterio de los jueces alemanes. Ellos consideran que los actos de violencia que se llevaron a cabo en Cataluña no fueron lo suficientemente graves como para doblegar al Estado español por lo que no serían punibles en Alemania.
El juez Pablo Llarena destaca en su auto que la violencia se produjo el 20/21 de setiembre en Barcelona (cuando manifestantes impidieron el registro de la Consejería de Educación) y el 1 de Octubre, día del referéndum ilegal. Pero, ¿esos acontecimientos y ese nivel de violencia fueron realmente constitutivos de rebelión?
Ese es el meollo de la cuestión. Los independentistas lo niegan. Siempre han defendido a capa y espada que su movimiento era pacífico y que las acciones “reprobables y aisladas de quienes causan daños” serían, a lo sumo, constitutivos de “desórdenes públicos”. Quizás si Llarena hubiese rebajado el listón y en vez de rebelión hubiera instruido la causa por sedición, España no estaría ahora en una situación tan delicada.
Europa estuvo del lado de España cuando se produjo el intento de secesión pero ahora quisiera que el asunto catalán se resuelva políticamente. La política de mano dura española está cada vez más en entredicho y ver a los líderes independentistas entre rejas acusados de rebelión, delito que comporta una pena de hasta 20 años de cárcel, no es algo que guste. En ese sentido también se expresa el líder del PSOE, Pedro Sánchez, cuando dice que la crisis catalana es “una crisis política que requiere soluciones políticas” y que “el Gobierno se esconde detrás de las togas”. Sánchez quiere que se empiece a debatir un nuevo modelo territorial para España.
Como no hay mejor defensa que el ataque, el juez Llarena tiene la intención de dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que estudie si el mecanismo de la euroorden fue aplicado correctamente por el Tribunal de Schleswig-Holstein. Llarena piensa que los jueces entraron demasiado en el fondo de la cuestión. Esa consulta también le permitiría que Puigdemont se quedase bloqueado en Alemania evitando así un regreso prematuro a España.
En la euroorden solo intervienen los jueces, no los políticos. Sin embargo, la ministra de justicia alemana intervino a posteriori para decir que la decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein era “absolutamente correcta” y que si tampoco prosperaba la demanda de extradición por malversación, “Puigdemont sería entonces un hombre libre en un país libre”. ¿Sugirió la ministra que Alemania es un país libre y España no lo es? Frases de ese tipo solo pueden empañar las buenas relaciones entre Alemania y España.
Mientras tanto se va a presentar, por segunda vez, la candidatura de Jordi Sánchez a la investidura de la Presidencia de la Generalitat. Veremos si Llarena hace caso omiso del Comité de Derechos Humanos de la ONU que instó a España a “tomar todas las medidas necesarias para garantizar que Jordi Sánchez (en detención preventiva) pueda ejercer sus derechos políticos”. Aunque no sea vinculante, esta advertencia es otro revés para la judicatura española.
La victoria de Puigdemont no incluyó que el Tribunal alemán considerase que en España puede sufrir persecución por motivos políticos, pero lo envalentonó lo suficiente como para volver a pedir dialogo con el gobierno e, incluso, una “mediación internacional” que España rechaza porque no quiere que un asunto interno pase a ser un asunto europeo. Lampadia
