César Peñaranda, Economísta
Gestión, 9 de de enero de 2017
La evolución de la inversión es trascendente para cualquier economía, basta mencionar que genera oportunidades de empleo e ingresos y coadyuva al aumento de la productividad laboral y en especial de la productividad total de factores que es esencial para crecer a tasa alta con visión de mediano-largo plazo. La inversión es una variable económica fundamental para una economía como la peruana con todavía un porcentaje alto de la población en situación de pobreza (22%), con más de 3 millones de personas califi cadas como vulnerables, es decir, en el límite entre pobreza y clase media, con alto subempleo (46%) y con alrededor de 270 mil personas incorporándose anualmente al mercado de trabajo.
En este contexto Perú requiere crecer a tasas por encima del 4% y sostenerla, lo que es difícil lograr si no se revierte la tendencia negativa de la inversión que viene decreciendo por tres años consecutivos. Así, la inversión privada, que explica el 80% de la inversión total y el 21% del PBI, en términos reales cayó 2.3% en el 2014, 4.5% en el 2015 y se estima caerá 5.5% en el 2016; por su parte la inversión pública, que explica el 5% del PBI, registra iguales tasas negativas de crecimiento de 2.0% en el 2014, 7.5% en el 2015 y sería 0% en el 2016.
Qué determinó esta situación cuando a principios de la década la inversión privada y pública crecían a dos dígitos, concretamente entre el 2010 y 2013, con excepción del 2013 para la privada y el 2011 para la pública que registraron en esos años 6.4 y -11.2%, respectivamente. Al margen del contexto internacional, al que siempre se recurre buscando respuestas o pretextos para obviar el tema interno, por el comportamiento de los precios de los commodities y la debilidad de la demanda externa, los problemas centrales se dan en el ámbito nacional. Veamos los más determinantes.
Los inversionistas requieren rentabilidades y retornos atractivos en entornos macrofavorables, con estabilidad política y social que les permita actuar en ambientes amigables y predictibles, precisamente lo opuesto a lo que ha sido de manera creciente el correspondiente a las zonas minero-energéticas. Se registran 207 confl ictos sociales, de los cuales 146 son activos y de ellos 72 corresponden a la actividad minera, 17 a la de hidrocarburos y 10 a energía; muchos de ellos en regiones con alta pobreza, como Cajamarca, Apurímac y Loreto, necesitadas precisamente de inversión para generar empleo y reducir la pobreza, pues al fi nal esta es un problema de ingresos. Por vasos comunicantes esto afecta las inversiones de otros sectores y se ingresa, por tanto, a un círculo tortuoso.
Al margen de un plan de prevención y gestión adecuado de estos conflictos, a más de la atención al medio ambiente y el recurso hídrico, es indispensable ejecutar un programa integral de inversión en infraestructura y servicios públicos básicos que demandan estas regiones, con lo que de seguro la actitud y disposición respecto de la inversión cambiará.
Paralelo a esta problemática el país registra permanentes descensos en estudios internacionales que miden indicadores claves para apreciar lo atractivo y rentables que son los países para efectos de la inversión. Estos estudios muestran cuán complejo y engorroso y, por tanto, costoso es hacer negocios en el Perú, así como signifi cativos y preocupantes retrocesos en nuestros indicadores de productividad y competitividad, desestimulando al inversionista. Corresponde, por tanto, priorizar estos aspectos como parte de una agenda proinversión para revertir la tendencia.
