Para un país que se rige por un sistema de economía social de mercado, como el Perú, es de suma relevancia eliminar las distorsiones y regulaciones que afectan al mercado a fin de que las señales que emite, fundamentalmente los precios, reflejen las relaciones de oferta y demanda y permita en consecuencia una eficiente asignación de los recursos. Paralelamente, se torna indispensable buscar de manera permanente incrementar la productividad total de los factores. Es decir, bajar los costos reales para aumentar la competitividad e incrementar la rentabilidad de las inversiones. En un escenario como este los agentes económicos podrán orientarse adecuadamente hacia las actividades productivas que seleccionen y capitalizar los beneficios potenciales que esperan.
En este contexto, favorable a las actividades productivas de manera horizontal, resulta pertinente preguntarse si es necesario y conveniente disponer de planes de desarrollo sectorial y, de ser afirmativa la respuesta, cómo deben entenderse, elaborarse y ejecutarse. Esto se torna pertinente, pues últimamente algunos sectores productivos están solicitando la elaboración de un plan de desarrollo sectorial como herramienta clave para un crecimiento dinámico y evolución adecuada, además de enfrentar problemas coyunturales.
Los planes de desarrollo sectorial deben verse como reformas sectoriales, que van al encuentro de los cuellos de botella y problemas estructurales del sector correspondiente, que afectan la productividad, operación, competitividad y, finalmente, la rentabilidad de los agentes económicos que actúan en él. No deben entenderse, en consecuencia, como políticas macroeconómicas diferenciadas según sectores, pues en nuestro concepto esta, la política macroeconómica, debe ser neutral, sin sesgos de ninguna naturaleza, para que los recursos, que son escasos por definición, se orienten y asignen de conformidad con las ventajas comparativas y con la evolución de los mercados y sectores.
Desde esta perspectiva, no se trata entonces de aplicar la política económica de manera discrecional según sectores productivos, como puede ser el caso de la política tributaria vía la fijación de tasas distintas o exoneraciones especiales, sino de buscar resolver aspectos de carácter estructural y de fondo con base en una estrategia concreta. Así, cómo pretender, por ejemplo, una asignación eficiente de recursos en el sector agrario si no existe una ley de aguas que determine con claridad los parámetros básicos para orientar el uso y costo de este insumo vital para el sector.
Preguntas y cuestionamientos similares deben realizarse para el propio sector agrario y otros, como el pesquero, turismo e industrial, todos ellos seguramente con problemas singulares, a fin de precisar los aspectos y distorsiones centrales para buscar corregirlos y facilitar la acción de los agentes económicos que operan en ellos, a la vez que se permite que los inversionistas puedan elegir con base en señales adecuadas y sin restricciones de carácter sectorial dónde asignar sus recursos de manera eficiente. Esta debiera ser, en esencia, la razón de ser de los ministerios sectoriales. Es decir, liderar en compañía del sector privado las reformas sectoriales. Por cierto, para ser eficaz en este propósito la reforma debe partir por casa y, como tal, estos ministerios deben realizar los ajustes y modificaciones necesarias para estar en condiciones de acometer esta importante tarea de manera eficiente y eficaz.
Publicado por Gestión, 11 de noviembre de 2013
