Cecilia Blume
Perú21, 5 de setiembre del 2026
Nuestro Código Penal castiga con cadena perpetua a quien tiene “acceso carnal” con un menor de catorce años. Es la sanción más severa de nuestro ordenamiento y se la reservamos a este delito porque entendemos que no existe agresión peor. En el papel, el Perú se tomó esto muy en serio.
Entre el 1 de enero de 2025 y septiembre de 2025, los Centros de Emergencia Mujer atendieron 16,120 casos de violencia sexual contra menores de edad. Son 59 al día. Uno cada veinticuatro minutos. El 93.4% de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres. Y esas son cifras de los casos denunciados. Los otros no los conoce nadie.
En muchos de ellos no hay un extraño. Hay una transacción. A los padres se les entrega dinero, y con ese dinero la familia come. La niña es violada, sale embarazada, la hacen abortar, y vuelve al mismo lugar a que la sigan violando. No ocurre una vez: es una rutina, con horario y con precio. Eso tiene nombre en la ley peruana: explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, con cadena perpetua si hay acceso carnal. En nuestra conversación diaria no tiene ninguno.
El INPE lleva la cuenta del resultado. A septiembre de 2025, de los 103,342 internos en las cárceles peruanas, 12,174 estaban presos por violación sexual de menor de edad: 9,223 ya sentenciados y 2,951 esperando juicio. Es el segundo delito con más presos en el Perú, superado únicamente por el robo agravado. Doce mil ciento setenta y cuatro. Y esos son solo los que atrapamos.
El Perú celebra muchos récords. Machu Picchu y la mejor comida entre las maravillas del mundo, campeones mundiales de surf y de vela, ajedrecistas, matemáticos. Pero uno no se menciona en las ferias de promoción: somos destino de explotación sexual infantil. Hay quien compra un pasaje sabiendo exactamente a qué viene, y a quién.
Hace unos años se colgaron gigantografías en el antiguo Jorge Chávez advirtiendo al visitante que aquí se castiga la explotación sexual infantil. Un cartel en la sala de llegadas. Como si al violador que compró un pasaje con ese propósito lo fuera a disuadir un aviso.
Pensar que esto es un problema de turismo es un error absoluto. Es un problema de Estado ausente: fiscalías sin peritos; comisarías donde la denuncia se archiva; sistemas de protección que devuelven a la niña a la casa donde la venden; y pobreza extrema, que es la que pone el precio. El Estado no llega. El violador sí.
Y nosotros, ¿qué hacemos? Ocupados con el crecimiento del PBI, la solidez del sol, los impuestos que aporta la minería, los millones que el gas deja en canon y regalías. Todo eso es cierto y todo eso importa, y mucho. Pero ninguna de esas cifras defiende a un niño. Nuestros niños no tienen voz, no tienen voto, no tienen gremio que los represente ni bancada que los reclame. No tienen quién los defienda de lo más horrible que le puede pasar a una persona: las violaciones.
