Cuando se eliminaron los servicios no personales en la administración pública y se cambiaron por los contratos administrativos, escribí pidiéndole al presidente que se comprara la reforma del servicio civil. Hoy se lo vuelvo a pedir y adecirle, como aquella vez,que ¡sí se puede!
En la administración pública conviven en una misma oficina personas de varios regímenes laborales, distintas remuneracionesy derechos laborales y, cómo no, responsabilidades variadas. Reconociendo que los empleados hacen la diferencia sirviendo al ciudadano, se ha decidido reformar el servicio público con una ley cuyo primer objetivo es distinguir al trabajador público por su trabajo: la meritocracia. El que trabaja mejor será premiado y el que no, podrá ser despedido.
En nuestro país la rigidez laboral ensombrece el sistema laboral llevándolo a la informalidad en detrimento de los trabajadores, aquellos que supuestamente busca proteger. Es casi imposible despedir a un trabajador salvo por causa grave que podría ser revertida por la autoridad obligando a la reposición. Quizá haya empleadores que abusan de sus trabajadores,pero un buen empleado siempre es apreciado y mantenido, sobre todo hoy donde la movilidad laboral es la constante entre los jóvenes.
Casi un millón de empleados públicos estarían sujetos a esta nueva ley que permitirá la sindicación,la huelga y no violará derechos laborales. Sí evaluará al personal estatal para capacitarlo. Sí habrá despidos de quienes no aprueben las evaluaciones y no se capaciten posteriormente. ¿Por qué la protesta?
Hoy la carrera públicano existe. Los empleados en el Estado pueden trabajar o pueden no hacer nada. Sus remuneraciones aumentan por el paso del tiempo o, en algunos casos, porque los jefes de turno así lo deciden, pero no hay un derecho al aumento así una persona se dedique solo a su trabajo haciéndolo mejor que nadie.
El Estado hoy es un empleador que viola las normas laborales reconociendo solo parcialmente vacaciones, CTS, pensión o gratificación a gran parte de sus trabajadores. Esta reforma, cuando menos, apunta a que todos los trabajadores públicos tengan todos los derechos laborales vigentes.
¿Por qué muchos empleados públicos rechazan esta reforma que no hace sino ordenar la carrera y permitir que aquel trabajador público que se esfuerza tenga un mejor trabajo? Porque nose ha “socializado” el proyecto de ley y, como en todo lo que atañe las relaciones laborales en el Estado, “más vale malo conocido que bueno por conocer”.
Parecería que los empleados públicos noconocen la norma o si la conocen no confían en sus resultados.
Quizá se deba empezar por un programa piloto para que los empleados públicos le crean a la patronal. Quizá si los hubieran hecho participardes de el inicio dela norma, la desconfianzahabría disminuido.Como sea, reitero lo que escribí hace másde un año:“Una carrera públicahará un Perú mejor,con funcionarios idóneos sirviendo a los peruanos y no con personasasustadas que buscan estar bien con el que gobierna para que no las despidan, o se esconden en la masapara que no las vean. Si logramos peruanos orgullosos de trabajar para el Estado y respetados por todos, el Perúno será diferente, ¡será mucho mejor!”
(Publicado por El Comercio, 19 de junio, 2013)
