Por: Cayetana Aljovín
Correo, 8 de enero de 2021
Con la derogatoria de la ley N° 27360, “Ley de Promoción Agraria” en diciembre pasado, no solo se ha puesto en riesgo la continuidad de las pequeñas y medianas empresas agroexportadoras formales, sino también el puesto de trabajo de aproximadamente 200 mil personas.
Pero hay más. El texto de la nueva ley aprobada en el Congreso el pasado 29 de diciembre, no ha tomado en cuenta los beneficios tributarios, similares a la agroexportación, que la anterior ley contemplaba para la promoción de la acuicultura; el sector de producción de alimentos que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años según la FAO y que representa el 50% del pescado destinado a la alimentación en todo el mundo.
Así, sin mayores explicaciones y sin ningún sustento técnico, la nueva ley omitió esta medida de promoción, afectando a un sector que en nuestro país había mantenido un crecimiento sostenido en los últimos años, pasando de una cosecha de 115 mil TM en 2014 a 143 mil en 2019 y que generaba más de 30 mil puestos de trabajo formales, siendo una fuente de ingresos para miles de emprendedores donde el 40% son mujeres.
Cómo lo hemos mencionado en reiteradas oportunidades, el Perú tiene todas las condiciones para convertirse en una potencia mundial en cuanto a la acuicultura, como lo es Chile y Ecuador. Sin embargo, este cambio en las reglas de juego vuelve a limitar el crecimiento sostenido de la acuicultura en nuestro país.
Por tanto, bien haría este Congreso, para evitar la paralización de este sector y las inversiones que se requieren, discutir cuanto antes una ley de promoción de esta actividad, donde no solo se restituya el beneficio tributario, sino que además contemple un verdadero fomento de acceso al financiamiento, así como una reducción de los trámites burocráticos y una adecuada capacitación, entre otras.
Quedamos todos atentos.
