Por: Cayetana Aljovín
Correo, 16 de abril de 2021
Un tema que ha quedado demostrado en las últimas elecciones, es el descontento en la población del interior del país, principalmente por la ausencia del Estado, la falta de provisión de servicios públicos básicos y la mala calidad de los servicios de salud y educación: un tema recurrente cada 5 años.
Así, para lograr revertir esta situación y que no quede en la retórica, como siempre ocurre; creemos que esto se puede lograr con más inversión, pero, sobre todo, a través de políticas que aseguren el manejo eficiente de los recursos en las regiones, donde la actitud vigilante de toda la población es fundamental.
Para ello, hay que dejar de ser miopes e impulsar actividades económicas en el interior del país y en especial en las zonas altoandinas. Y una actividad, aún incipiente, pero que en el mediano y largo plazo podría resultar una fuente importante de empleos y desarrollo en las zonas más alejadas de nuestro país, es la acuicultura, que rara vez aparece en la agenda de los políticos.
Esta actividad, que comenzaba a desarrollarse, ha sufrido un duro revés con la derogación de la ley agraria en diciembre pasado y, donde sin ningún debate, también se modificó de la noche a la mañana el régimen que los regulaba, cambiándose así las reglas de juego, lo cual ha generado inestabilidad en el sector, poniendo en riesgo a miles de emprendedores que viven de ella.
Desde entonces, se viene señalando que es necesario contar con una nueva ley acuícola que promueva su desarrollo mediante un régimen tributario temporal que fomente la inversión.
El Perú tiene todo para convertirse en una potencia acuícola mundial, pero necesita reglas claras y estables que incentiven su desarrollo en beneficio de miles de personas que viven en lugares donde el Estado brilla por su ausencia. Es momento de empezar a ver lo que tenemos al frente y dejar atrás la miopía.
