Por: Cayetana Aljovín
Correo, 9 de octubre de 2020
En los sesenta, el Perú comenzó a construir una importante industria atunera, la cual debido a la expropiación llevada a cabo por el gobierno militar desapareció, y con ello miles de puestos de trabajo y plantas pesqueras.
Esto mismo podría pasar en la actualidad si es que las autoridades continúan ignorando los alcances de la Ley Nº28965, que se viene aplicando desde el 2007, y desconociendo con ello la exoneración que dicha norma establece para la descarga del 30% del atún de las flotas extranjeras en las plantas peruanas.
Este despropósito, a todas luces ilegal, tendría como consecuencia que las plantas atuneras peruanas desapareciesen al no contar con recurso que procesar, con lo cual se esfumarían las conservas de atún peruano y con ello 17 mil puestos de trabajo y 45 millones de dólares en divisas.
En la actualidad, toda vez que el Perú no cuenta con una política promotora de la industria del atún, que pasa porque funcionarios dogmáticos acepten la necesidad de un reintegro tributario por el ISC debido a que el combustible en nuestro país es tres veces más caro que en el Ecuador, la industria del atún no puede despegar y depende por tanto de los desembarques de la flota extranjera. Con ello, no solamente estamos condenando a nuestra industria sino también impidiendo la oportunidad de crear 70 mil nuevos puestos de trabajo y cuadriplicar las divisas que se generan actualmente.
En momentos en que nuestro país necesita reactivar la economía y brindar productos altamente nutritivos, para hacer frente a la pandemia, lo descrito anteriormente resulta una insensatez.
Queremos comer atún, pero que sea peruano y no tailandés.
