Carlos Meléndez
Académico UDP y COES
La Tercera – Chile
22 MAR 2023
Un joven Presidente latinoamericano de izquierda, que ascendió políticamente protestando contra los remanentes autoritarios y represivos de su país, condena públicamente las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, pero no es igualmente severo y proactivo con los que históricamente se cometen en Cuba.
Un reputado cientista político estadounidense llama a los brasileños a votar en primera vuelta por Lula, para dizque impedir que crezca la “amenaza totalitaria” de Bolsonaro; no obstante, envía una carta a las autoridades de su país, instándolas a suspender la extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo, quien enfrenta serias denuncias de corrupción.
Tanto políticos como intelectuales públicos buscan gestarse seguidores al cultivar prestigios de demócratas, denunciando en distintas palestras los constantes peligros que acechan a las democracias. Desde su posición de élite (política y cultural) y de privilegio, apuntan con el dedo censor lo que es (y no es) democracia, amparándose en una supuesta superioridad moral que les dan sus tratados y bestsellers en la materia. Juegan a ser demócratas 24/7, preocupados desinteresadamente por develar a los “enemigos” de este régimen. Mas, ¿qué sucede cuando quienes deberían desfilar por el banquillo de los acusados, por autoritarios y/o corruptos, son compañeros políticos o, sencillamente, amigos de tales “demócratas”? Ante este tipo de situaciones, lamentablemente, dicha vocación de denuncia se pone en pausa, se calla, y con ello se apaña al infractor y se ningunea al delito, perpetuando el estado de cosas que se figura combatir.
A inicios de mes, reputados cientistas políticos estadounidenses – “con décadas de experiencia estudiando la democracia”, como se presentaron- enviaron una carta al Secretario de Estado de Estados Unidos, para conminarlo a suspender la orden de extradición de Alejandro Toledo al Perú, apelando a “consideraciones humanitarias y de derechos humanos”.
Según Larry Diamond, Francis Fukuyama, Steven Levitsky y Martin Canoy, los “valores democráticos” deben imponerse a las consideraciones legales, en el caso del expresidente amigo de Stanford y objeto de investigaciones en el caso Lava Jato. La razón principal de dicho argumento es que las instituciones políticas peruanas son altamente inestables, no gozan de legitimidad pública, están corrompidas y politizadas. En una sociedad polarizada, describen los especialistas del Imperio, los indígenas como Toledo son víctimas de los descendientes europeos. (Según estos preceptos, la mayoría de los países latinoamericanos no podría impartir justicia).
Una casta de politólogos con vocación de intelectuales públicos le toma el pulso a la democracia everywhere. Dicen reconocer “científicamente” cuándo un actor político tiene “ADN autoritario” (sic) o si, llanamente, el régimen está por morir. Pero cuando esta misma casta muestra el relativismo de sus principios, evidencia que el saber académico -mal empleado- puede usarse para fines poco pluralistas, para dividir y polarizar entre “amigos demócratas” -así no lo sean- y “enemigos autoritarios”, para ganar la impunidad del compañero en apuros y deslegitimar al rival político. Como decía Guillermo O’Donnell, las democracias se erosionan y mueren desde adentro, desde las entrañas de los propios “demócratas”. Lampadia
