Por: Carlos Espá
El Comercio, 20 de occtubre de 2021
Los asháninkas del río Ene y el río Tambo asoman en la cumbre de la montaña de cuestionamientos y conflictos de interés que terminarán por sepultar al ministro del Interior, Luis Barranzuela, y exigen su renuncia inmediata. Denuncian la connivencia de Barranzuela con los colonos cocaleros que destruyen impunemente los bosques en una enloquecida carrera por implantar coca ilegal y pozas de maceración.
Para los asháninkas, es claro que Barranzuela instiga a los cocaleros a oponerse a la erradicación de la coca ilegal en el Vraem. Sugieren que los viles ataques de Barranzuela contra Devida son el prolegómeno, la coartada o cortina de humo que el gobierno del presidente Castillo necesita para imponer en la dirección de ese organismo a un cocalero o a un abogado de cocaleros.
Luis Barranzuela, Pedro Castillo y Vladimir Cerrón son proclives a las dicotomías de la jerga sociológica. Gustan de disyuntivas binarias que enfaticen el conflicto entre lo urbano y lo rural, entre Lima y las provincias, entre civiles y militares, entre ricos y pobres. ¿Por qué será que a Barranzuela, Castillo y Cerrón les disgusta, en cambio, la dicotomía entre colonos cocaleros y comunidades indígenas? ¿Por qué, más bien, la soslayan o ignoran? La respuesta es simple. El grueso de los cocaleros son colonos estacionales, ajenos y foráneos a las zonas que invaden con su ilegalidad.
Dicen los asháninkas que la coca no es ni sagrada ni tradicional. ¡Cuánta razón les asiste! En el incario, la coca estaba prohibida para el pueblo; su utilización, confinada a los sagrados rituales de la nobleza. Bien harían Barranzuela, Castillo y Cerrón en leer los “Siete ensayos” de José Carlos Mariátegui, quien esclarecidamente denostaba de la coca por ser instrumento de sojuzgamiento de los conquistadores. En efecto, así como los británicos introdujeron el opio en la China a fin de quebrar el espíritu de esa milenaria civilización, así también el chacchado de coca fue masificado en las minas y obrajes como método de explotación de la población indígena. Esto, porque el alcaloide tiende a suprimir el hambre y la sed, y elevar la resistencia a la baja temperatura.
La coca es una mala hierba (sinónimo de deforestación y degradación del bosque). Crece como maleza. No es un cultivo. No demanda cuidado alguno. En condiciones propicias de suelo y humedad, prolifera sin mayor atención. Por eso, en su inmensa mayoría, los cocaleros llegan, destruyen el bosque, implantan la coca y retornan a sus lugares de origen. Meses después, vuelven para recolectar las hojas, secarlas al sol y venderlas por arrobas o convertidas en pasta básica a los narcotraficantes. En el interregno, montan algaradas, bloquean carreteras y amedrentan a las comunidades. ¿Puede llamarse a eso “agricultura”?
El narcotráfico, junto a la tala y minería ilegales, es causante de una tragedia ambiental inconmensurable. Destruye millones de hectáreas de prístino bosque tropical, contamina ríos con químicos precursores, arrasa la flora y fauna. Deja una estela de violencia e ilegalidad inyectando en la mente de los jóvenes “cargachos” o mochileros, que es como eufemísticamente se denomina a los transportistas y sicarios del narcotráfico, la idea de que el atajo violentista y el dinero fácil son alternativas de vida.
Los primeros colonos cocaleros llegaron al río Ene de la mano de Sendero Luminoso. Para los asháninkas, fue el inicio de una monstruosa ordalía comparable a los Jemeres Rojos de Pol Pot en Camboya. Las comunidades asháninkas fueron transformadas en campos de concentración, sus mujeres degradadas a esclavas sexuales. Cuarenta comunidades fueron arrasadas, 6.000 indígenas asesinados o esclavizados. Hasta hoy, Sendero Luminoso mantiene secuestrados en la espesura del bosque a cientos de asháninkas. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) calificó de “holocausto” este atentado de lesa humanidad.
La comunidad asháninkas exige la erradicación de la coca, que hoy probablemente excede ya las 90 mil hectáreas a nivel nacional, más del doble que hace cinco años. ¿Qué razón confesable podría tener un ministro del Interior para oponerse a erradicar coca cuando comunidades ancestrales, que habitan la zona desde el año 200 a.C., así lo demandan?
