El Comercio, 2 de Marzo de 2017
Los estimados de crecimiento del PBI para este año han sido revisados a la baja por casi todos los analistas económicos, incluido el gobierno. Ello dentro de lo que podría considerarse una tormenta perfecta que se retroalimenta.
Las expectativas que no se recuperaban a fines del año pasado fueron afectadas por los escándalos de corrupción, lo que provocó una caída de estas expectativas que ha sido reforzada por Chinchero. Ante el consenso de que difícilmente podríamos llegar al 3% de crecimiento en el 2017, el MEF ha anunciado un paquete que pretende revertir esta tendencia. La reacción es lógica dadas las responsabilidades de la institución. Sin embargo, la pregunta es si será suficiente para cambiar el panorama.
Se ha anunciado un incremento de la inversión pública de S/2.000 millones y un plan de apoyo a la vivienda de S/5.000 millones que se llevaría a cabo en los siguientes cinco años. A su vez, se anuncia una expansión crediticia y el destrabe de proyectos. Si el plan de apoyo a la vivienda se ejecuta en partes iguales en los próximos 5 años, en el 2017 tendríamos S/1.000 millones de recursos adicionales que, sumados a la expansión de la inversión pública, nos arroja un total de S/3.000 millones.
En términos absolutos, es una cantidad considerable. Pero debemos tomar en cuenta que cuando se analizan este tipo de medidas (llamadas de “impulso fiscal”) hay que ver cuánto representan con respecto al producto. Cuando se miden así vemos que dichas medidas representan 0,45% del PBI. Ahora, un incremento del gasto fiscal tiene un efecto sobre el producto que es medido por el llamado multiplicador fiscal. Considerando cifras razonables, el efecto de estas medidas representaría un 0,5% de crecimiento del PBI para este año.
Esto es insuficiente para llegar a recuperar el 4,8% de crecimiento anunciado por el gobierno a inicios del año. Ahora, el efecto calculado asume que existe la capacidad suficiente para ejecutar todo el gasto. Como sabemos, no obstante, existen muchos indicios que sugieren que esta capacidad es limitada. Estas limitaciones pueden aumentar debido a los escándalos de corrupción observados que implicarán una menor velocidad de ejecución por el temor de muchos funcionarios tanto bien como mal intencionados.
Por otro lado, el cambio al nuevo sistema de inversión pública (aunque no se le quiera llamar así) implica un período de transición que está generando incertidumbre en los responsables de la ejecución del gasto. Este nuevo sistema tomará tiempo en ser asimilado y ello también puede afectar la ejecución del gasto.
Lo más probable entonces es que el efecto del conjunto de medidas será limitado. La contribución del sector público al crecimiento, si bien es importante, no es suficiente. Recordemos que 75% de la inversión en el país es privada (y allí radica el problema, dado que lleva tres años de caída). Los datos indican que las expectativas no se recuperan y se han deteriorado en los últimos meses. El efecto de las APP será nulo en los próximos años debido a que se están cuestionando todas las grandes obras que se tenía planeado avanzar por la sombra de la corrupción.
Actualmente el margen de acción es muy reducido por la situación fiscal y los compromisos asumidos a futuro. Probablemente el MEF está haciendo lo mejor que puede considerando las circunstancias, pero no debemos guardar muchas esperanzas al respecto. Avanzar en reformas de largo plazo para mejorar la competitividad en el futuro quizás sea el mejor camino. Esperamos los anuncios en ese sentido. Que la presión política de corto plazo no nos impida ser audaces con respecto al largo plazo.
