Por: Carlos Basombrío
El Comercio, 19 de Octubre del 2022
“¿Qué motivación tendrían para pasar un par de décadas en la cárcel a fin de que quien organizó todo siga viviendo en ‘su’ Palacio?”.
La fiscal de la Nación, la fiscal Marita Barreto y el equipo especial de la policía no solo han logrado sistematizar los cientos de evidencias contra esta organización criminal, sino que también han conseguido nuevas, contrastadas y más comprometedoras, emanadas de otros personajes intrínsecamente vinculados a Pedro Castillo que se han acogido a la colaboración eficaz. Y pronto se les sumarán otros. Después de todo, ¿qué motivación tendrían para pasar un par de décadas en la cárcel a fin de que quien organizó todo pueda seguir viviendo en “su” Palacio?
Pero, además de la contundencia de la investigación fiscal, resalta el coraje de decir ‘hasta aquí nomás’; que no es posible que una organización criminal haga de las suyas en nuestro país; que es intolerable que desde el poder se obstruya groseramente su trabajo en busca de impunidad. Han dicho explícitamente que en esto nos jugamos el destino de nuestra democracia. Ese es el origen y razón de ser de la denuncia constitucional para que el Congreso haga lo que corresponde.
Es un escenario totalmente inédito. Y es comprensible que haya múltiples debates sobre las medidas más adecuadas y expeditivas para lograr que esta pesadilla termine. No cabe, sin embargo, que esto se convierta en una competencia de vanidades sobre quién conoce e interpreta mejor la Constitución.
Cuidado. Castillo tiene muchísimo poder y no está dudando en usarlo de la manera más turbia posible.
Empezando por un Gabinete cómplice que lo sigue acompañando en sus esfuerzos por encubrir los actos criminales y en la artera obstrucción de la justicia. Varios de ellos han cruzado la línea de la legalidad y, por lo tanto, ya no pueden echarse para atrás. Otros, a los que llamaría ‘los idiotizados por el fajín’, olvidan que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Que el artículo 128 de la Constitución, en la parte que les concierne directamente, es inequívoco: “Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el presidente de la República”.
Pero, mucho más importante aún, Castillo tiene poder en el Congreso. Por un lado, la diáspora de grupitos parlamentarios en los que ha derivado Perú Libre comparte cuotas para poner y sacar, proteger y protegerse. Y, por supuesto, están también los que vendieron su conciencia para ser protegidos, para obtener prebendas, para negociar con obras públicas y otras variantes de lo delictivo.
A todos habría que recordarles que si Castillo termina bien librado se focalizarán en ellos las iras de la gran mayoría, responsabilizándolos por lo sucedido y reforzando el ‘que se vayan todos’. A su vez, estarán en el ojo de Castillo, que no dejará de percibirlos como su principal problema y que podría creer llegado el anhelado momento de cerrar el Congreso de un zarpazo.
No sé por qué, en este drama de final incierto, cientos de miles (si es que no millones de personas) que ven diariamente con espanto lo que ocurre con su país y los niveles de podredumbre a los que se puede llegar desde lo más alto del poder siguen creyendo que son espectadores y que solo requieren pifiar desde la platea.
A ellos hay que advertirles que el desenlace puede ser el peor. A saber, que, pese a todo, Castillo logre, con todos los mecanismos que ha usado ya en el pasado para subvertir conciencias, los votos suficientes en el Congreso para permanecer en el cargo.
Si lo logra, habrá ganado mucho más que una batalla. Los aterrados de hoy, ensoberbecidos, irían por la ‘vendetta’. Por supuesto, en primera fila estarían las valientes fiscales y los mejores coroneles que tiene la PNP.
Además, sin duda, buscarían nuevas formas de neutralizar a la prensa independiente. A su vez, un sector de empresarios que a veces ingenuamente piensa que Castillo es ya un mal menor y que de alguna manera se puede continuar invirtiendo sufrirá la arbitrariedad y el abuso de un gobierno que, en busca de un sostén político, priorizará sus compromisos con las principales economías criminales.
Los que miran para el costado pensando que nada de esto les toca sufrirían las consecuencias de una economía en decadencia, con escasez y carestía de los productos básicos y que cada vez genera menos empleos con derechos. A su vez, tendrían debilitada su capacidad para defenderse de esos males en una democracia en decadencia, o quizás en un abierto autoritarismo.
No quiero ser alarmista, pero me siento compelido a decir que no estamos ante el dilema, ya de por sí terrible, de que una persona como Castillo siga (des)gobernándonos, sino que su permanencia implicaría una victoria de la lógica de la corrupción y del crimen organizado en general.
No sería esta una derrota más, sino que la marea negra que se engulle poco a poco la posibilidad de un país en democracia y con primacía de la ley habría logrado una victoria de largas y siniestras implicancias.
