Tenemos años con el tema de las jubilaciones. Años criticando un sistema previsional privado cuyos ahorros no dejaban de crecer de la mano con los cambios de reglas y los errores regulatorios del Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Y también años cerrando los ojos respecto a la desfinanciada reapertura y la frágil situación financiera del régimen estatal (la Oficina de Normalización Previsional, ONP). Sin embargo, nunca enfocamos el núcleo del problema.
Hoy se sostiene que las administradoras privadas de fondos previsionales (AFP) fueron creadas para darle una jubilación adecuada a todos. Si alguien afirmó esto, fue mucho después de su creación. Las AFP fueron creadas para quitar de las manos de la burocracia peruana los ahorros previsionales de los trabajadores en planilla. [Efectivamente]
La culpabilidad sellaba un entorno donde se había vergonzosamente esquilmado los ahorros previsionales de varias generaciones en el sistema de reparto estatal (Instituto Peruano de Seguridad Social). Y el cambio fue muy simple: se impuso un descuento obligatorio a esta minoría, a la chilena.
Para quienes estaban a punto de jubilarse, se creó una ONP cerrada. A los nuevos y a los que estaban a la mitad de su vida laboral como dependientes se les envió a las AFP. A los segundos, se les envió sin sus ahorros o con una porción mínima de ellos (con los dificilísimos bonos de reconocimiento). La burocracia peruana no fue muy leal ni con su propia gente. Y por supuesto, para los que no estaban en planilla se les dio la libertad de elegir. Tengan o no tengan ahorros.
Si cree que estos antecedentes resultan impresentables, agreguémosle que nuestros congresistas cometieron la incorrección de reabrir el régimen estatal a nuevos ilusos. Los enviaron a un fondo de reparto en que todos sufren descuentos, pero solo una minoría califica para alcanzar una jubilación. A estas barbaridades solo cabe recordar la más reciente: obligar a ahorrar previsionalmente a los trabajadores independientes omitiendo que mayoritariamente carecían de capacidad de ahorro como para comprarse un paquete jubilatorio digno.
Este último esperpento descubrió el fondo de la historia: tener una jubilación formal adecuada cuesta. Para que todos accedamos a una jubilación adecuada, deben existir ahorros que hoy no tenemos. Que apenas un tercio de la fuerza laboral peruana genera ingresos capaces de poder ahorrar para comprar un paquete formal adecuado. Que parte de los dos tercios restantes construyen y construirían sus propias jubilaciones. El resto irá al abandono o hacia Pensión 65 o algún esquema de subsidio similar.
Dejemos de engañar a la gente. El grueso de los peruanos difícilmente podrá acceder a una pensión apropiada, una cobertura de salud digna o estándares de educación de calidad, si antes no crecemos a ritmos altos y por décadas. Duele aceptarlo, pero los errores de ayer los pagaremos hoy. Ver en (L): El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo.
Por supuesto que alguien con poca vergüenza o buena intención podrá sostener que una pensión universal de 200 soles es suficiente y que una cobertura de salud es un logro destacable pese a que no disponga de analgésicos, camas y radiografías. La cosa es clara como el agua: estamos lejos de alcanzar lo mínimo necesario. Despertemos.
