Por Camila Bozzo
Perú 21, 24 de noviembre de 2021
“Al final, son los ciudadanos quienes se perjudican con el maltrato de las autoridades a los medios, porque es a través de ellos que se informan de la gestión gubernamental”.
Quienes ocupan espacios de poder pueden tratar de socavar la libertad de expresión de distintas maneras. A través de leyes que, por ejemplo, regulen el contenido de los medios de comunicación o que aumenten la pena de cárcel por difamación; o a través de querellas a periodistas que investigan el uso inadecuado del poder. Pero hay otra manera, acaso más tenue aunque no menos dañina, de golpear a la libertad de expresión: con la deslegitimación de los medios y el despliegue de narrativas que buscan cuestionar su objetividad e integridad.
Eso es algo que el presidente y algunos miembros de su gobierno están haciendo, acaso como un subterfugio para expiar sus desaciertos hiperbólicos ante la ciudadanía. Ayer el presidente Castillo, en un evento en Huancavelica, dijo que los medios tergiversan la realidad y que “encima (…) piden que, en vez de darles agua a los pueblos, se les dé presupuesto para que hablen bien del gobierno”. Sus declaraciones se dan en respuesta a la difusión de algunos medios de un video en el que un puñado de personas le gritaban vacancia al presidente en un restaurante arequipeño.
El lunes, por su parte, el ministro de Energía y Minas, Eduardo González, les dijo a los periodistas que lo escoltaban hacia Palacio para interrogarlo que solo respondería a los medios que “no le hagan problemas” (sic), y agregó que los estaba buscando.
A esto se suma el ofrecimiento del presidente (cuando aún era candidato) de revelar cuánto ganan los conductores de televisión, o las declaraciones del ministro de Transportes, Juan Silva, sobre la necesidad de hacer cambios en el canal del Estado porque los “golpea (…) como si fuera un canal extraño” (sic). También está el maltrato a periodistas por parte de la seguridad del Estado, o la negativa del presidente a firmar las declaraciones de Chapultepec y de Salta, que fijan compromisos a favor de la libertad de expresión.
Al final, son los ciudadanos quienes se perjudican con el maltrato de las autoridades a los medios, porque es a través de ellos que se informan de la gestión gubernamental.
