Por: Berit Knudsen
Incompetencia, ausencia de valores y codicia, detonantes del caos en el Perú.
La población está aturdida por los escándalos y múltiples denuncias, cada vez más graves y frecuentes, que golpean al país. Aparece uno nuevo antes de poder recuperarnos del agravio anterior; así, resulta prácticamente imposible el debido seguimiento y proceso a cada denuncia. ¿Este es un montaje diseñado por grupos de inteligencia? Sí. Pero ese servicio de inteligencia también comete errores.
El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, declaró ante la prensa que Pedro Castillo y Dina Boluarte son unos traidores: “Evidenciaron su ambición por el poder, la intención de repartija…”. Sobre el bloque magisterial afirma que “los que dicen haber renunciado por principios o conciencia parecen ser meros mercantilistas bermejianos”, comentario con el que ataca también al grupo de Guillermo Bermejo. El hecho es que, de una bancada de 37 congresistas de Perú Libre hoy sólo quedan 17, y más bien pareciera ser que el error de cálculos lo cometió ese partido. Eligieron al sindicalista vinculado con el Conare-Movadef para encabezar la plancha presidencial del Partido, hasta resolver el problema de Vladimir Cerrón, inhabilitado para ocupar cargos públicos por orden judicial. Lo que no calcularon fue que el entorno del sindicalista tenía organizada una red de corrupción meses antes de llegar al gobierno.
Cuba tiene 63 años de dictadura (desde 1959) y es un país en ruinas; Venezuela, 23 años de deterioro (desde 1999). Brasil, con Lula da Silva y su sucesora Dilma Rousseff, por 13 años (2003-2016); Bolivia, con Evo Morales por 14 años hasta su renuncia (2006-2019), y su partido aún está en el poder. Nicaragua, con Daniel Ortega que retornó al gobierno en 2007, y se mantiene por 16 años; Ecuador, con Rafael Correa gobernando por 10 años (2007-2017). Y la lista continúa.
Estos ejemplos nos llevan a reflexionar sobre estas dictaduras que se enquistan en el poder y sentirnos casi agradecidos, por los errores políticos y la desmedida corrupción con la que Pedro Castillo ha sacudido al país en pocos meses. Por ello, si logramos deshacernos de este gobierno en menos de dos años, podríamos sentirnos afortunados. Castillo teme renunciar por las evidentes consecuencias; a pesar de que los graves daños que está causando al país son indudables, pero así parece funcionar esa falsa democracia.
En medio de una grave crisis, enfrentados a redes de corrupción nacional e internacional, todo parece ir derrumbándose como un castillo de naipes. Si Pedro Castillo y su séquito cayeran en pocos meses, el costo por el error cometido al elegir a este Gobierno resultaría proporcionalmente reducido. Esta crisis sacude a los tres poderes del Estado, con denuncias y renuncias, acusados y prófugos, culpables y cómplices de una corrupción enquistada en toda la burocracia Estatal. Todos los actores comprometidos hoy se encuentran alarmados ante las evidencias sobre redes instaladas por décadas, activadas con cada gobierno.
Es necesario salir del círculo vicioso y buscar soluciones a ese problema llamado “corrupción”, cuya erradicación hará necesaria la fumigación de todas las instituciones del Estado, comenzando por el Sistema Electoral. Si esta crisis nos está permitiendo evidenciar esas redes y reorganizar al gobierno central y a los gobiernos regionales de forma integral, bienvenida sea la restauración.
La población está cansada de esos gobernantes, de esos políticos que no son elegidos verdaderamente por el pueblo, porque son los partidos los que deciden a los candidatos, quienes entran a formar parte del gobierno. Ellos disponen cómo gobernarnos, olvidando a quien los eligió tan pronto se sienten parte de esa casta privilegiada que maneja y toma decisiones respecto al país, sus ingresos y sus pobladores.
Pero los problemas van más allá de nuestras fronteras, con evidentes constantes y similitudes en todo Latinoamérica, por lo que debemos buscar alternativas de solución y coaliciones en las mismas esferas con una alianza Latinoamericana formada no por gobiernos u organizaciones gubernamentales, sino por miembros de la población civil organizada. Una coalición cuya función sea promover mecanismos de control, supervisión y transparencia que garanticen la idoneidad y buen gobierno por parte de las autoridades con la consecuente mejora en las condiciones de vida para los ciudadanos, especialmente para aquellos sectores olvidados y marginados.
