Por Asociación de Contribuyentes
Perú21, 21 de noviembre del 2024
Mientras el CEO de JP Morgan afirmó en nuestra capital que se necesita gobiernos eficientes que promuevan crecimiento económico para superar el déficit y para que la población sepa en qué se usa su dinero, aquí en Perú…
La Asociación de Contribuyentes lidera ya desde un tiempo un rol fundamental: evidenciar que un Estado que no usa bien nuestros recursos, que padece de corrupción, burocracia y poca transparencia, que produce normas abusivas o populistas, no está cumpliendo con su parte del contrato. Y, por lo tanto, no merece legítimamente crear nuevos o elevar impuestos a los contribuyentes formales.
En este sentido, venimos planteando explícitamente que el problema del Perú no es la “informalidad”, sino la formalidad. Si organizas una fiesta en tu casa con miles de decoraciones, platos, bebidas, música y de cien invitados solo asisten veinte, la conclusión es muy sencilla: el problema no lo tienen las personas que no asistieron. El problema lo tiene tu casa. Así, esa casa que llamamos “formalidad” es el gran problema a resolver. Y la evidencia lo dice.
A septiembre de 2024, los ingresos fiscales alcanzaron los S/130.5 mil millones, con el Impuesto General a las Ventas (IGV) representando el 50% de esta cifra y el Impuesto a la Renta (IR) un 40%. Este esquema, dependiente de unos pocos tributos, refleja la precariedad de nuestro sistema, donde unos pocos contribuyentes (PRICOS) aportan más del 80% de la recaudación, mientras que las micro y pequeñas empresas apenas contribuyen marginalmente.
Además, el Estado peruano enfrenta un déficit fiscal estructural. En 2023, este alcanzó los S/20,200 millones, exacerbado por la caída de la recaudación tributaria en sectores clave como minería y pesca, debido a conflictos sociales y factores climáticos adversos. Pese a estos problemas, el gasto público continuó en ascenso, con aumentos significativos en planillas, gasto corriente, burocracia y en la capitalización de empresas como Petroperú, absolutamente quebrada y urgente de reformas profundas.
¿Qué hace el Ministerio de Economía? Opta por estrategias recaudatorias agresivas, como la reducción del tiempo para registrar facturas de 12 a 3 meses, la creación de centrales de riesgo, la intensificación de fiscalizaciones discrecionales e impredecibles, o el cobro de IGV a servicios digitales. Estas medidas, aunque diseñadas para aumentar los ingresos, afectan negativamente a las pequeñas empresas, reduciendo su liquidez y capacidad de inversión.
Pero lo peor de todo es que esta obsesión por recaudar más impuestos ignora un problema de fondo: la incapacidad del Estado para gastar eficientemente lo que ya recauda. En los últimos diez años, se dejaron de ejecutar S/123 mil millones, cifra suficiente para cubrir múltiples brechas de infraestructura. Este desperdicio erosiona la confianza de los contribuyentes, quienes no perciben mejoras significativas en los servicios públicos a cambio de sus impuestos.
Para Camila Costa, directora de Contribuyentes del Perú, “la informalidad no es la enfermedad, sino la consecuencia de un sistema formal que nos penaliza con altas cargas tributarias, costos laborales excesivos y una burocracia asfixiante”. El camino es otro: simplificar el sistema, reducir costos laborales, desregular la economía y facilitar la formalización. Solo así se podrá construir una relación de confianza entre los contribuyentes y nuestra institucionalidad democrática, basada en la libertad de empresa y el respeto a la propiedad privada.
