Asociación de Contribuyentes
Perú21, 4 de setiembre del 2024
En momentos en que el gasto ineficiente en Petroperú, la burocracia y la planilla del Estado deben reducirse, el gobierno de Boluarte decide quitarle dinero al bolsillo del contribuyente.
El ministro Rómulo Mucho ha declarado que el directorio de Petroperú no será removido. Pero no ha declarado qué se va a hacer con Petroperú. Y el directorio fue muy claro: o se liquida la empresa (escenario muy complicado), o se reestructura radicalmente (escenario costoso, pero al menos responsable), o se le sigue inyectando dinero de nuestros bolsillos (escenario inaceptable, y que ahora podría arrastrar al Banco de la Nación a una situación similar).
El afirmar que no se cambiará el directorio de Petroperú y no explicar qué se va a hacer para mejorar la situación de la empresa es la actitud del político de siempre, del que ya estamos acostumbrados y bastante cansados.
Lo que se requiere es un cambio radical que este Gobierno y su gabinete no van a poder realizar. ¿Y a qué cambio nos referimos? A un cambio de enfoque en quién debe ser el centro de las preocupaciones del Estado. Hoy el Estado se preocupa por el Estado y no por los contribuyentes. Y es el contribuyente el personaje más importante de esta historia.
Perú atraviesa un momento de recuperación económica débil, con un crecimiento insuficiente para un país en vías de desarrollo. La inversión privada fue prácticamente inexistente en el primer semestre. Se fueron 22,000 millones de dólares en capitales en 3 años a otros países; además, el 60% de jóvenes se iría del país si pudiera y el 30% no regresaría.
Asimismo, venimos de un periodo de alta inflación que ha elevado el costo de vida, afectando directamente a los peruanos. Pero, aun así, nuestros políticos dudan en reestructurar (o liquidar) Petroperú: el ministro de Economía afirma que “se sentiría incómodo” si se le inyectara más capital a la empresa estatal, y el ministro de Energía y Minas no es capaz de ponerse firme y tomar al toro por las astas.
Pero eso sí, alineados todos con la Sunat en imponerle más impuestos a los contribuyentes. Imponer un impuesto adicional como el de las plataformas digitales, la famosa “Tasa Netflix”, en un contexto como este, podría no solo ser ineficaz, sino también contraproducente, incentivando aún más la informalidad y reduciendo la base tributaria. En lugar de enfocarse en aumentar los impuestos, el Gobierno debería centrarse en mejorar la gestión del gasto público y controlar el gasto corriente.
GASTO INEFICIENTE
En 2023, Perú cerró con un déficit fiscal del 3.9%, esto quiere decir que como Estado gastamos más dinero del que tenemos. Sin embargo, la pregunta es, ¿en qué gastamos el dinero que recaudamos de los bolsillos del contribuyente?
El Gobierno peruano ha incrementado su presupuesto para el año 2024 a 240,806 millones de soles, un 12% más que en 2023. Aunque un aumento en el presupuesto podría parecer beneficioso para atender las necesidades de la población, especialmente de los más pobres, la realidad es que la mayor parte de estos recursos se destina al gasto corriente, principalmente al pago de planillas, contratos CAS, consultorías y otros servicios.
Este gasto, que representa el 65% del presupuesto total, deja solo un 26% para inversiones en infraestructura como hospitales, colegios, y redes de agua y desagüe, lo que limita el desarrollo a largo plazo y la reducción de brechas sociales.
Si nos concentramos en indagar cómo el Estado invierte los impuestos de los contribuyentes, los hallazgos son realmente preocupantes. Este ejecuta gran parte del presupuesto en el gasto corriente (pago de planillas y consultorías).
Gravar el IGV a servicios digitales perjudica directamente a las pequeñas y microempresas que a duras penas pueden formalizarse en el país. Estas unidades económicas son cruciales para la economía peruana. Exigimos que nuestros ministros, aquellos que tienen una historia profesional ética y valiosa, se pongan firmes frente a esta injusticia y no solo rechacen cualquier tipo de incremento de impuestos, sino también que detengan el despilfarro en Petroperú y en la burocracia estatal.
