Asociación de Contribuyentes
Perú21, 20 de febrero del 2025
El ministro de Economía tiene una mirada entusiasta de 2025, pero ningún crecimiento económico será sostenible si Sunat, Sunafil y otras entidades estatales siguen persiguiendo arbitrariamente a los contribuyentes formales.
Un tema bastante cuestionable y que ha pasado desapercibido en las últimas semanas tiene que ver con la Sunat. Además de varias normas criticadas y cuestionables emitidas por dicha entidad, como la reducción del plazo para hacer uso del crédito fiscal, la pronta entrada en vigencia de un cuestionable perfil de cumplimiento tributario, o sus angustiantes fiscalizaciones a emprendedores y pequeños empresarios, ahora la superintendencia está desconociendo resoluciones administrativas del Tribunal Fiscal y sentencias del Poder Judicial, emitidas en su contra.
¿Es esto posible? No debería serlo, pero la Sunat no cree en nada ni nadie. Está por demás de decir que cualquier entidad pública que litigue ante órganos administrativos con capacidad decisoria (como el Tribunal Fiscal, o Indecopi por ejemplo), y más aún, ante el Poder Judicial, está obligada a cumplir con las resoluciones o sentencias emitidas. Sobre todo a las sentencias del Poder Judicial, en su calidad de uno de los poderes del Estado.
Sin embargo, la superintendencia no lo hace, justificándose en argumentos bastante cuestionables, elaborados por ella misma, y de manera reiterativa.
En un caso que llegó al Tribunal Fiscal (TF), la Sunat hizo caso omiso a una resolución emitida en su contra, señalando que, en lugar de cumplir con lo ordenado por el TF, mantendrá su posición contraria debido a que existe jurisprudencia relacionada con otros casos similares que aparentemente le darían la razón. Algo a todas luces ilegal.
Y en cuanto al Poder Judicial también, manteniendo una interpretación contraria a lo resuelto en una casación. Es decir, pese a existir un fallo emitido por la Corte Suprema en contra de la posición de la superintendencia (impidiéndole acotar tributos por un servicio específico), esta institución mantiene su posición (contraria a lo resuelto en la casación) en base a un informe interno emitido por ellos mismos. Aunque usted no lo crea.
Todo este accionar de la Sunat, además de contrario a la ley, genera costos enormes y distorsiones en el mercado de inversiones. No es una simple violación a las normas del debido proceso, sino que es un tema macro que ha escalado y atañe a los poderes del Estado.
Según, Diego Gómez, investigador legal principal de la Asociación de Contribuyentes del Perú, “no solo se transgreden principios elementales como el de seguridad jurídica, confianza legítima y predictibilidad, sino que también va en contra de la institucionalidad del país, considerando que la Sunat no estaría respetando la división de poderes del Estado, haciendo caso omiso a las órdenes dictadas por el Poder Judicial”.
La superintendencia se considera una isla dentro de nuestro sistema democrático y jurídico, y cree estar por encima de todos. ¿Quién le ha dado ese derecho? ¿Tendrá el respaldo de algún poder del Estado para “pechar” sin más a otro poder del Estado? ¿Tal es la angustia de este Ministerio de Economía y Finanzas y de la Presidencia por mantener a Petroperú, a decenas de sindicatos estatales, y a miles de burócratas estatales en planillas y consultorías doradas, que permite que Sunat sea un “extorsionador público” que le mete la mano al bolsillo a los contribuyentes formales sin ningún escrúpulo?
¿Qué toca hacer ante esto? ¿Solicitar medidas cautelares para frenar de golpe los abusos de esa institución? Pero si no le hace caso a las resoluciones del Poder Judicial.
Desde Contribuyentes del Perú, creemos que toca hacer dos cosas: comenzar por una sanción ejemplar contra los funcionarios de la superintendencia que incumplen de manera dolosa las sentencias. En uno de los casos el funcionario responsable es el gerente general de la entidad, el señor Ernesto Javier Loayza Camacho. Y en segundo lugar, se debe intervenir esta institución y reformarla desde la médula, para que deje de ser el enemigo del contribuyente formal y se convierta en su colaborador, y tenga como norte la ampliación de la base tributaria, no la persecución de la minoría que ya paga impuestos y que a duras penas puede salir adelante en esta economía tan fría, inestable e ingrata.
