Por Arturo Woodman
Expreso, 14 de diciembre de 2021
Es ampliamente conocido que poner en marcha un yacimiento minero, demanda altas inversiones de riesgo, estudios geológicos, de prefactibilidad y factibilidad. Superada esta etapa, se inicia la operación, para lo que es imprescindible invertir en equipos de extracción especializados, hacerles mantenimiento, etc., también es real que cuando el yacimiento tiene un alto porcentaje de mineral, los resultados económicos benefician, tanto al propietario, como al Estado y la población cercana, generando puestos de trabajo.
Sin duda el Perú es un país minero, pero a esta actividad continuamente se le presentan negativas oposiciones de parte de este gobierno antiminero y además otros enfoques, como los distintos grupos ambientalistas que estiman que los desarrollos mineros producen daños irreparables al medio ambiente que los rodea, convirtiéndose en los más fuertes opositores del inicio y desarrollo de las actividades mineras.
Los agricultores se oponen sosteniendo, sin base alguna, que las minas cercanas a un río traen agua contaminada y malogran sus cultivos; desinformados que hoy en día con el avance de la tecnología, ambas actividades pueden convivir entre ellas. Inclusive su desconocimiento los lleva al extremo de pensar que igual daño produce utilizar aguas tratadas directamente del mar (Tía María). Sin considerar que su actividad agrícola necesita de los productos derivados de la minería: arados, compuertas, insecticidas, electricidad, tractores, herramientas, fierros para construcción de viviendas, transporte a los mercados, locales y extranjeros (barcos, camiones). Concluyendo que su egoísmo y oposición van en contra del desarrollo del país, de la generación de puestos de trabajo y de la disminución de la pobreza.
La tradicional presencia de los agitadores políticos antimineros, que incitan a los asentamientos humanos cercanos a las mineras a que exijan se les otorguen mejores condiciones de vida, servicios de agua, alcantarillado, colegios, postas médicas, electricidad, redes de comunicación, carreteras asfaltadas, etc., lo cual es responsabilidad del Estado, y de no conseguirlo, los agitadores promueven hacer largas huelgas, involucrando a los distritos y ciudades, al extremo de efectuar actos vandálicos destructivos, como quemar la Minera Apumayo.
Las decisiones inaceptables de este Gobierno anti minero de promover el cierre de 4 minas en Ayacucho, ha llevado a los propietarios a suspender las operaciones mineras más importantes del país como Antamina y las Bambas, pero, sin embargo, la minería ilegal sigue destruyendo el medio ambiente y sin aportar impuestos.
Este negativo panorama se agrava por la ineficiencia de las autoridades al no ser capaces de utilizar apropiadamente en favor de su población y distritos, lo que reciben por el canon minero. Sería interesante suplir esta deficiencia de atención, aplicando el conocido sistema de Obras por Impuestos. Inclusive, el problema suscitado con Las Bambas proviene por el Corredor Minero, que es una pista sin asfalto, obra que podría realizarse a través de este sistema, con intervención de un consorcio minero.
Finalmente, debemos tener presente que la minería formal supera el 12% del PBI, representa el 60% de las exportaciones y más del 20% de la recaudación fiscal, cifras que justifican que los gobiernos den la máxima atención a este sector y en paralelo formalizar la minería ilegal.
