Por: Arturo Woodman
Expreso, 2 de marzo de 2021
Estamos a 40 días para elegir en las urnas un nuevo Congreso y Presidente. De no alcanzar la mayoría uno de los candidatos presidenciales, se tendrá que ir a una segunda votación para definir entre los dos más votados al ganador, el que debe superar el 50% de la totalidad de los votos válidos.
En la carrera para lograr la Presidencia se presentaron 28 listas, siguiendo en competencia entre 16 a 18 de las cuales alrededor de 6 no pasarán la valla electoral. En el caso de los congresistas, la lista es mayor ya que en cada departamento se presentan agrupaciones congresales, llegándose a 474 listas con 2,819 postulantes (16 al Andino).
Aunque el cargo de Presidente es elegido democráticamente y de acuerdo al reglamento electoral, esto no implica que al asumir la Presidencia cuente con el apoyo del total de los votos recibidos, ya que gran parte de estos provienen de votantes que aspiraban que su candidato obtuviera la Presidencia y por lo tanto difícilmente tendrá un amplio apoyo, ya que sus votos sólidos son solamente los obtenidos en la primera vuelta (aprox. 15%) sin incluir el reajuste de los que no pasaron la valla electoral.
Si lograr que un Presidente electo obtenga un apoyo mayoritario, al haber competido con tantos candidatos presidenciales, es sumamente difícil, el resultado para el Congreso será más complicado. En carrera están los 2,819 aspirantes para 130 curules (0.046% de probabilidad), la consecuencia será nuevamente un Congreso fragmentado en 8 o más grupos con diferentes posturas políticas e intereses personales, lo que imposibilitará obtener los necesarios consensos y como solución utilizarán el negativo sistema “apoya mi proyecto y yo apoyaré el tuyo”, promulgándose leyes populistas que no ayudan al desarrollo social y económico que el país demanda, tal como lo hemos apreciado en el actual Congreso.
Lo expuesto podría no ser del todo acertado, pero definitivamente en una elección como esta, con tantos partidos políticos y candidatos a la Presidencia y Congreso, de todos modos traerá distorsiones e inconvenientes para lograr un buen gobierno.
Este negativo panorama que se presenta en las próximas elecciones, obliga a los partidos y a sus candidatos responsables a firmar un compromiso, que en caso de ganar las elecciones uno de ellos, deberá convocar a determinados contendores a participar en un Gobierno de “unión y coalición” que permita dentro de los principios democráticos y transparentes, llevar adelante un programa básico en que el país se reactive, recupere su estabilidad, desarrollo social (trabajo, salud, educación, seguridad, justicia y sin corrupción) y con un indispensable crecimiento económico a través de mayores inversiones.
Independientemente, el JNE no debe eliminar a candidatos ya inscritos, en campaña y por temas intrascendentes; esta posibilidad se debe resolver en las urnas.
Finalmente, la presencia numerosa de partidos políticos ocasiona negativos fraccionamientos en el Congreso y un bajo apoyo al presidente elegido, lo que obliga a formar un Gobierno de “unión y coalición” dedicado al progreso del país.
