Por: Arturo Woodman P.
Expreso, 3 de mayo del 2022
A raíz del caos en el país, se ha llegado al extremo de no poder diferenciar las funciones prioritarias que tiene el Ejecutivo y el Congreso, lo que nos está llevando erróneamente a estimar que las decisiones destructivas y preocupantes del Gobierno, serían también responsabilidad del Congreso, inclusive las encuestas le dan un porcentaje mayor de desaprobación.
Efectivamente, el actual Congreso no está actuando a la altura en esta inaceptable situación que estamos atravesando, pero sin duda alguna este Gobierno está muy alejado de las funciones que la Constitución le obliga, entre ellas: encargarse de planificar y poner en marcha la política de desarrollo nacional a través de estrategias plasmadas en crear, como: salud, educación, seguridad, infraestructura y además, dictar normas y decretos garantizando el cumplimiento de la Constitución y de las leyes emitidas por el Congreso.
El Ejecutivo en sólo nueve meses viene promoviendo un total desgobierno, generado por los pésimos e inaceptables ministros y sus funcionarios, la ausencia de inversiones generadoras de trabajo y desarrollo, aumento acelerado de la inflación, salida de capitales, alza de precios de los alimentos, del dólar y en especial el incremento de la pobreza; la inoperancia en manejar los disturbios, cierre de carreteras y sobre todo permitir la interrupción, ataque y destrucción de las minas, cortando su importante contribución al Fisco y exportación.
El ministro de Justicia interpreta equivocadamente y sin raciocinio alguno que los gritos de la “pequeña portátil” que los acompaña en los Consejos Descentralizados pidiendo la Constituyente son la voz del pueblo, cuando en realidad es que ni el 10% de la población total del país lo respalda; porque esto solo paralizará el crecimiento, empobreciéndonos aceleradamente en los próximos dos a tres años, con una nueva e innecesaria Constitución que convertirá al Perú en una Venezuela, en el que un Estado inoperante, corrupto e inamovible se apoderará de las empresas, prensa y de las actividades en general. Lo que forzará al pueblo trabajador a un éxodo inhumano de 3 a 4 millones de peruanos.
Todos estos inconvenientes, acompañados de corrupción y hasta el planteamiento de comprar la hoja de coca y sus derivados, retirando a las Fuerzas Armadas de la zona del Vraem, son malas decisiones del Gobierno, quienes como los incapaces que tratan de justificar sus errores culpando a otros, en este caso responsabilizan al Congreso, con el fin de lograr su cierre.
Las funciones prioritarias del Congreso son de representación de la Nación, la dación de leyes, la permanente y efectiva fiscalización, control político orientado al desarrollo económico, político, social y la eventual reforma de la Constitución, además de otras funciones especiales.
Solo el Presidente y su Consejo de Ministros tienen la responsabilidad de manejar directamente todos los sectores del gobierno, en resumen son los encargados del desarrollo del país, no deberían aprovechar estas atribuciones para destruirlo con la rapidez con la que lo están haciendo e inaceptablemente, reitero, culpar al Congreso con la finalidad de cerrarlo, sin considerar que está conformado por 130 congresistas de entre 8 a 10 bancadas, con diferentes enfoques políticos y sus funciones son distintas a las del Ejecutivo.
Finalmente, es evidente que el Ejecutivo es el responsable del desarrollo del país, pero está haciendo todo lo contrario y no es aceptable que culpe al Congreso de esta situación de ingobernabilidad e inestabilidad, para cerrarlo y lograr implementar sin oposición, sus programas autoritarios y destructivos.
