Por: Arturo Woodman
Expreso, 12 de abril del 2022
En la última semana, se han presentado una serie de problemas a raíz de la huelga de transportistas a nivel nacional, motivando a otros gremios como Agricultura, Ganadería, Sindicatos, la CGTP y con ello, disturbios vandálicos iniciados con fuerza en Huancayo, dominios de Vladimir Cerrón y Perú Libre.
En Ica, como una negativa costumbre y previo saqueo, incendiaron las casetas del peaje, precisamente cuando la segunda vía expresa se había puesto en operatividad. En Junín, se han producido lamentables fallecimientos y gran número de policías heridos, similar situación en Huánuco, Pucallpa, Cusco y otras ciudades.
Todas estas protestas han estado acompañadas de destrozos a la propiedad privada y pública, saqueos a centros de abastecimientos, incendios y pillaje, lo más lamentable son las seis vidas perdidas y la cantidad de heridos, sobre todo efectivos de la “desprotegida Policía Nacional”.
Estas protestas y cierre de carreteras, llevaron al gobierno a una tregua de 5 días y anunciar que el impuesto selectivo al diésel y la gasolina de 84 y 90 octanos será temporalmente suprimido; igualmente, el Congreso aprobó exonerar del IGV al pollo, huevos, azúcar, aceite, leche, arroz, esto con el fin de bajar sus precios, aunque no se aprecia por qué tanto los grifos, como los comerciantes, aparentemente, tienen stock con impuestos.
El lunes a media noche, el presidente Castillo dio un mensaje inesperado, sin criterio alguno, cortando la libertad de movilización, disponiendo un toque de queda por 24 horas, inmovilizando a los ciudadanos de Lima y Callao; decisión desproporcionada y propia de un gobierno incapaz, que olvida que la mayor parte de ciudadanos necesitan de su trabajo diario para subsistir.
Esto provocó el rechazo mayoritario y no se acató la orden de inmovilización, realizando una enorme marcha pacífica en la Plaza San Martín y otra cerca del Congreso, pero tal como pasó en la marcha contra Merino, un grupo de agitadores vandálicos ocasionaron destrozos en las instalaciones del Poder Judicial y otros edificios públicos, sin ser detenidos para el debido proceso y ser juzgados.
Nuevamente se pudo apreciar un contingente policial completamente maniatado, sin poder ejercer su autoridad y cumplir con eficiencia sus atribuciones de poner orden y evitar el vandalismo, ya que solo les permiten ir con algunos escudos para protegerse de las piedras que les arrojan los delincuentes, sin equipo especial antimotines, ni máscaras antigases, ni sus escopetas para uso de balas de goma antidisturbios, pasando horas en los retenes, sin ser relevados.
No es posible que los policías, al estar desprotegidos y sin facultades para reprimir el vandalismo, tengan que llegar al extremo de tratar con los agresores: “tú no me tires piedras y yo no uso los gases lacrimógenos”.
Toda esta inoperatividad de la Policía, es porque el Gobierno desea respetar los derechos humanos de los manifestantes y, sin duda, esa debe ser la prioridad; pero deben considerar también el de los efectivos policiales y no dejar en libertad a los vándalos destructores que los atacan, sentando un mal precedente y dejándonos peligrosamente sin Seguridad Ciudadana.
El Gobierno aparentemente está cómodo en este caos, sin embargo, al movilizarse lo hacen con un resguardo exagerado y dando mensajes confrontacionales, incluso estarían amenazando con destruir los importantes desarrollos comerciales, industriales y agrícolas que han prosperado con trabajo, esfuerzo y que por años vienen contribuyendo al Estado; pero no pueden resolver eficientemente su monopolio estatal del prioritario servicio del agua y alcantarillado.
Finalmente, es importante que el Gobierno sea el conciliador, promoviendo el desarrollo y crecimiento con inversiones, para disminuir la pobreza y aceptar que la Policía existe para mantener el orden en el país y no permitir que sea atacada y maltratada.
