Por: Arturo Woodman P
Expreso, 14 de febrero de 2020
En los últimos años, se han producido una serie de actos conducidos para lograr que la corrupción baje considerablemente en el país, lo cual es muy positivo y de mantenerse ese objetivo, lograremos que el país crezca con mucha más fuerza e intensidad.
Esto indudablemente es ideal, pero si las autoridades encargadas de lograr este fin, como son el Poder Ejecutivo, los jueces, fiscales, procuradores, entre otros, abusan o no manejan adecuadamente el poder que les permite actuar, el resultado lamentablemente será negativo.
Tal como hemos podido constatar varios de los responsables estarían actuando “precipitadamente”, sin acatar las disposiciones de sus superiores y sin estar dentro del marco de la Ley y con objetivos personales nada claros, pero apoyados por un buen grupo de ciudadanos, de algunas autoridades del Ejecutivo y parte de la prensa, que termina incentivando a realizar actos, que van en contra de la equidad que debe prevalecer en la Justicia.
Existen muchos casos en que los jueces y fiscales lideran acciones que no se ajustan a los cánones de la justicia sino de un espíritu muy cercano a la persecución e inclusive la destrucción de instituciones importantes del país, como es el Tribunal Constitucional, la máxima autoridad judicial del país y que recibió una demanda; igualmente fue presentada a uno de los máximos jefes del Ministerio Público a quien se le pedía su retiro, iniciándose una inaceptable rotura jerárquica de la institución.
Estos fiscales y procuradores han viajado a Brasil continuamente, con el importante fin de lograr corroborar informaciones, de la serie de actos de corrupción promovidos por la empresa Odebrecht y que ha involucrado a políticos, expresidentes, funcionarios, alcaldes y contratistas, etc., pero siendo los viajes cortos, no han podido cerrar todos los casos presentados, ya que retornaban a continuar con una serie de allanamientos a ciudadanos que tuvieron o estimaban tener conexión con el tema Lava Jato.
Independientemente iniciaron sin motivos justificables una campaña de desprestigio a Confiep, llegando a citar a unos 150 empresarios por un motivo ya aclarado, como era la campaña que realizó Confiep años atrás en apoyo al sistema de libre economía y que ha permitido al país a crecer considerablemente, lograr más trabajo y disminución de la pobreza, entre otros beneficios.
Igualmente tomaron un interés especial en destruir por diferentes medios al importante partido Fuerza Popular y al APRA y encarcelar en dos ocasiones a su lideresa política Sra. Keiko Fujimori.
Al finalizar, insistiría en precisar que la lucha contra la corrupción es imprescindible llevarla adelante, pero siempre realizándola dentro del respeto a los correctos procedimientos que establece la ley y no en forma desordenada, sin liderazgo apropiado y sin utilizarse para fines personales y destructivos, que al realizarlos indebidamente se llega al fracaso permitiendo a la empresa corrupta Odebrecht aprovecharse de lo desordenado que se ha llevado este proceso, le han presentado al Gobierno Peruano una elevada demanda, que para lograr anularla se tendrá que emplear medios apropiados, dinero y tiempo.
